El desacuerdo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC sobre la suspensión de los diputados procesados ​​ordenada por el Tribunal Supremo es una losa que arrastran los independentistas desde el mes de julio y que ha condicionado el calendario parlamentario. Ambos grupos tienen claro que no hay margen para aplazar el debate de política general previsto para el 2 de octubre. La oposición no deja de denunciar que el Parlamento está "cerrado", a pesar de que las comisiones funcionen, y es por eso que se han reunido para intentar deshacer el nudo en las próximas horas.

Encontrar el desatascador no será fácil a juzgar por las condiciones que ponen ambos lados pero la idea es cerrar un acuerdo este miércoles que se pueda rubricar en la mesa de la próxima semana y que mantenga las mayorías existentes en la cámara desde el 21-D.

Si se pone el retrovisor, todo ello parte de la insólita resolución en la que el juez Pablo Llarena ordenó la suspensión de los diputados pero abría la puerta a una sustitución temporal de los cargos electos afectados, no contemplada en ninguna ley ni reglamento, por no ser acusado de alterar la mayoría parlamentaria.

Es a partir de aquí que los grupos independentistas se situaron en la tesitura de acatar o no acatar la orden de Llarena, denunciando que se trataba de una suspensión "injusta". A pesar de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció a finales de agosto un "acuerdo" cerrado entre JxCat y ERC por esta cuestión, lo cierto es que ha estado estancada durante semanas. Hasta el punto de que algunos de los dirigentes consultados, todos ellos en ámbitos de decisión, sostenían hace unos días que la estabilidad del Gobierno estaba "en riesgo".

A lo largo de este miércoles están previstas visitas de dirigentes parlamentarios en la cárcel de Lledoners, donde hay cerrados diputados como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. "No se puede tomar ninguna decisión sin consultarlos, ni a ellos ni a los exiliados", señalan las fuentes consultadas. Carles Puigdemont y Toni Comín, desde Waterloo, tienen mucho que decir. La estrategia de JxCat se ha basado en buena medida en la restitución de Puigdemont Torra, en el discurso de investidura.

Se comprometió a hacer todo lo posible para devolver su antecesor al Palau, a pesar de las dificultades evidentes para llevarla a cabo.

Los tres criterios que se imponen para buscar un acuerdo son: que se preserve la mayoría independentista, que los procesados ​​mantengan el acta y que los acuerdos sean efectivos, según fuentes negociadoras.

"Se necesita una solución que sea efectiva a todos los niveles", recalcan desde las filas de Puigdemont.

Los diputados suspendidos no cobran desde la decisión de Llarena, y los partidos colaboran en la intendencia necesaria para las gestiones en prisión -especialmente destinadas a las familias- y en el exilio, desde donde se impulsará el Consell de la República. De momento, aún no se ha puesto en marcha. La idea de Torra era impulsar este organismo y el proceso constituyente en octubre. Si bien todo ello se solaparía con el debate de política general.

Un hito en el calendario que urge a los grupos independentistas a ponerse de acuerdo sobre la suspensión.

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