El reciente fallecimiento de Rita Barberá ha abierto un, para algunos, profundo debate sobre la presunción de inocencia y el poco respeto que se tiene a esta figura en la Sociedad española. El sábado 3 de diciembre, sin ir más lejos, Informe Semanal dedicaba un espacio a hablar sobre este tema y en él, el recién nombrado ministro de justicia, Rafael Catalá intervino para expresar su opinión sobre el escaso respeto que se tiene a esta figura en el seno de la sociedad española.

Este debate sobre la presunción de inocencia en la sociedad, en apariencia tan profundo y relevante, es en realidad, un debate espurio fruto de la incomprensión de términos.

La presunción de inocencia es una figura jurídica que compete al Estado, no a la sociedad. La sociedad tiene sus propias reglas diferentes a las reglas del derecho que organizan al Estado. La ley positiva es la del Estado y es fundamental que el Estado este controlado por el derecho, pues es el Estado el que ostenta el monopolio de la fuerza. La función del Estado ya fue explicada por los teóricos del siglo XVII, teóricos que parece que hoy no está de moda leer. Tal vez, creo, sería más productivo a nivel educativo que en las escuelas se diera a los muchachos a leer a Hobbes o Locke que a J.K. Rowling, tan en boga hoy.

El Estado es una herramienta de la sociedad para mantener la paz y el orden, por eso ostenta ese monopolio de la fuerza. Este poder coactivo está regulado por el derecho y las leyes positivas, precisamente, para impedir que el Estado se extralimite en sus funciones.

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Es aquí donde la presunción de inocencia cobra sentido, en el ámbito judicial que compete al Estado, la presunción de inocencia, sirve para proteger las libertades del individuo frente al inmenso poder y fuerza del leviatán que es el Estado. En la sociedad, la presunción de inocencia no tiene ningún sentido porque no hay una ley escrita que la contemple. La sociedad se rige por reglas diferentes a las del Estado. La sociedad no es una herramienta, como el Estado, es una agrupación de gentes, por tanto, sus reglas son diferentes. La sociedad se regula mediante usos y costumbres, o como gusta decir a los pensadores profundos de verdad: moral. La moral implica cosas diferentes a las leyes positivas. El castigo por incumplir las leyes positivas es la perdida de libertad, uno va a la cárcel cuando comete un delito. Cuando se atenta contra las leyes morales, el castigo no es administrativo, es social: uno queda excluido de la sociedad. Se le condena al ostracismo.

Naturalmente Estado y sociedad, se relacionan: las leyes para ser legítimas deben estar en concordancia con los usos y costumbres de la sociedad, a su vez, las leyes influyen en la sociedad, pero eso no implica que debamos tratar a la sociedad mediante las mismas reglas que tratamos al Estado, tal cosa, supone, una vulneración de la división de poderes: si el pueblo es quien gobierna, resulta obvio concluir que el legislativo no puede cumplir la exigencia de la presunción de inocencia.

Sencillamente el que hace las leyes no es el que las debe aplicar. Por otra parte, opino, de lo que debemos hablar en este caso, es de la falta de ética periodística. ¿Por qué en los periódicos no se pone al mismo tamaño que alguien es declarado inocente que una condena de prisión por corrupción? Sin duda, son los medios de comunicación, ávidos de dinero, los que deberían hacer un ejercicio de autocrítica moral, no la sociedad.