El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado fuera del nuevo Ejecutivo a quien fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Un conservador hasta las trancas que se marcha después de haber sido reprobado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, el pasado 18 de octubre, por haber empleado medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra sus adversarios políticos.

La suya es la historia del cazador cazado. La filtración de grabaciones realizadas en su despacho en las que se le escucha hablar con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la posibilidad de sacar trapos sucios a miembros de otros partidos para desacreditarlos, le dio la puntilla a un ministro que se ha caracterizado por ser de todo menos dialogante, que es justo lo que necesita ahora el Gobierno de Rajoy: mucha mano izquierda.

Fernández Díaz pasará a la historia por estar detrás de la Ley Mordaza (ley de Seguridad Ciudadana), que entró en vigor en junio del año pasado y que permite elaborar una lista negra con las personas que cometan una infracción administrativa, da poderes extra a los agentes del orden y legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes que salten las vallas de Melilla y Ceuta, entre otras ‘nimiedades’.

El hoy ex ministro del Interior se va después de condecorar con la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María del Amor o nombrar comisario honorario de la Policía al periodista Francisco Marhuenda.

Todo eso lo ha hecho un político que el año pasado ingresó 76.478,06 euros brutos, según recoge el portal de Transparencia del Gobierno. Le hemos pagado todos los españoles casi 80.000 al año para que nos reduzca los derechos y libertades.

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En un Gobierno en minoría, el perfil autoritario y conservador de Fernández Díaz no tiene cabida. Ahora toca negociar y aunque al ex ministro José Manuel García Margallo se le da bien el tira y afloja, también se ha quedado fuera del Gobierno. Entre sus ‘grandes éxitos’, el plantón que le dio Raúl Castro en noviembre de 2014 durante una visita oficial a Cuba. Quizás ha influido también el hecho de que el juez Santiago Pedraz haya imputado al embajador en Kabul por el atentado en que murieron dos policías nacionales el 11 diciembre del año pasado. Le acusa de homicidio imprudente, pese a que Margallo, al enterarse de lo ocurrido dijo categóricamente a la prensa en Cartagena de Indias, donde se encontraba de visita, que no había habido fallos de seguridad. Ahora que lo explique.

Y un último detalle escabroso. En 2013, dos jóvenes melillenses fueron tiroteados por la Marina Real marroquí en aguas de Marruecos cercanas a Melilla. Tres años después, el bufete de abogados del ex juez Baltasar Garzón ha conseguido que la Audiencia Nacional investigue los hechos sin que Margallo, que el año pasado ingresó 68.981 euros brutos, haya movido un dedo para conseguir que Rabat dé explicaciones.

Los dos ex ministros, a casa. #España