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La ausencia de confianza por parte de la Cámara baja de las Cortes españolas determinó el pasado viernes la imposibilidad de formar un gobierno con los apoyos suficientes que permitan empezar una legislatura estable. En marzo lo intentó el partido socialista por medio de un acuerdo con el partido de Albert Rivera que fue infructífero. Del mismo modo, siete meses después, el ya conocido como "partido veleta" junto con el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) fueron una vez más al debate de investidura sin los apoyos necesarios (170), ya que se opusieron a ella los 180 diputados restantes.

En cuanto a las soluciones más comentadas se encuentra la coalición de PSOE, UP (Unidos Podemos) y Ciudadanos (C's).

Esta combinación encierra una imposibilidad que radica en la constitucionalidad de dos de los partidos y la propuesta de un plausible referéndum de los pueblos catalanes y vascos, amparado por el artículo 92 de la CE. La segunda solución aparentemente viable resultaría de una gran coalición entre PP y PSOE, ampliamente rechazada por los barones del partido socialista y por su propio líder. En la tercera solución entrarían en juego todos los partidos del Congreso de los Diputados, excepto el Partido Popular y Coalición Canaria; debido a las últimas declaraciones de Albert Rivera se puede deducir que no complicaría la investidura de un candidato con los apoyos suficientes. El problema de las declaraciones de Rivera es que son tan contundentes como variables. 

Ninguna de las soluciones arriba mencionadas parece querer poner fin al atolladero político en el que España se encuentra desde hace casi un año.

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A mi modo de ver la controversia radica en la incapacidad de algunos partidos de reconocer, dentro de la unidad de España, un país de países, pues ven dinamitada la Constitución en cuanto aparece el tema.

Aquí vemos precisamente un apoyo tácito por parte de los partidos firmantes al continuismo de las políticas del Gobierno en funciones que retuerce las cifras para crear una sensación de recuperación económica y lucha contra la corrupción. Sin embargo, después de los últimos titulares (El final de agosto trae la destrucción de 144.000 empleos y el exministro de industria ficha por el Banco Mundial) nos damos cuenta de la falacia azul con la que el partido de Mariano Rajoy intenta difuminar la realidad.

La única conclusión que sacamos hasta ahora es que se acabó el tiempo del señor Rajoy y que si es necesaria otra cita con las urnas con tal de echarlo de su puesto, será un honor ejercer el derecho a voto por el que nuestros antepasados tanto han luchado. Desde aquí aprovecho para apostar firmemente, sea o no mi opinión, por unas terceras elecciones el 18 de diciembre.