Normalmente, la imagen que se ofrece al exterior respecto a la situación sociolingüística de Galicia suele ser ideológicamente interesada. Especialmente durante la etapa de gobierno del bipartito conformado por el PSdeG y el BNG, pero también ahora, a pesar de la condescendencia de Núñez Feijoo, determinados colectivos hablan de imposición lingüística del Gallego hacia a los hispanohablantes, que serán siempre presentados como las únicas víctimas del conflicto lingüístico. Ésta es la imagen que se ha proyectado al exterior, especialmente cuando la asociación Galicia Bilingüe realizaba manifestaciones en las que participaban fuerzas políticas como UPyD, Cidadáns (Ciudadanos) o Falange Española.

Se hablaba (y se habla), pues, de imposición lingüística por parte de los gallegohablantes, postura recogida y publicitada desde la década pasada por medios de comunicación de dentro y fuera de Galicia, los cuáles venden una imagen al exterior que dista de la que se aprecia dentro de las fronteras gallegas.Y es que se entiende la creación de espacios de uso para la lengua gallega como una imposición, incluso si la dicha dotación de nuevos usos es aceptada voluntariamente por la ciudadanía.

Realmente, la idea de "imposición del gallego" la documentamos ya, por sorprendente que parezca, en los últimos años del franquismo. En 1975, Franco firmaba un decreto que permitía la enseñanza voluntaria de las lenguas no oficiales a partir del curso 1975/76. Ante este hecho, y a pesar, insistimos, de que se trataba de una decisión voluntaria, un colectivo germen de la Asociación Gallega para la Libertad del Idioma [Español] (precedente, a su vez, de Galicia Bilingüe), puso el grito en el cielo y calificó esta medida como una manifestación de imposición del gallego.

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Lo mismo ocurriría, ya en democracia, en el año 1979, cuando la enseñanza de la Lengua y Literatura Gallega pasó a ser obligatoria.

Andando en el tiempo, en 1983, se aprueba en el Parlamento Gallego una Ley de Normalización lingüística (poco ambiciosa en comparación con la catalana) que casi ni se cumple, sin por ello reportar apenas consecuencias para los infractores. A pesar de que apenas se lleva a cabo aún hoy en día, y aún sin suponer amenaza alguna para los derechos de los hablantes de español, esta ley ha sido y es considerada por parte de  estos colectivos como una manifestación de "imposición" lingüística. Lo mismo ocurre con el Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado en 2004 por el gobierno de Fraga y puesto en marcha (tímidamente) por el de Touriño.

Parece que que la "imposición" del gallego se ha convertido, además, en un recurso para caraduras, de modo que incluso ha funcionado como excusa para ejercer la picaresca. Famoso fue el caso de un hombre que se quiso negar a pagar la factura de la luz por estar en gallego (¡los números son iguales en ambos idiomas, y "total", "consumo" o "a pagar" se dice igual!) o el del conductor que, multado en Pontevedra, se negaba a satisfacer la sanción porque las señales de tráfico tenían el rótulo en gallego (¡las señales son iguales en casi toda Europa!).

Picaresca, victimismo, complejo y factores políticos propician el discurso de la "imposición" del gallego, con gran boom mediático en el exterior. La realidad, sin embargo, es muy diferente. En un lugar donde la mayoría de la población entiende ambas lenguas, no cabe duda de que los conflictos derivados del uso de la lengua gallega no parecen tener nada que ver con ninguno de los dos idiomas que aún se hablan, a pesar de algunos, en Galicia.