Desde finales del mes pasado, la Catedral de Ourense cobra cinco euros, como tarifa general, a todos aquellos visitantes que no sean residentes en la Diócesis de Ourense. La empresa encargada de esta gestión será Arti Splendore, quien también gestiona la Catedral de Tui o la Catedral de Cádiz, entre otros muchos edificios religiosos.

La Catedral de la localidad gallega lleva años siendo restaurada con financiación estatal, autonómica y europea; la gestión, para mi, pésima de los últimos años por parte de la institución religiosa no ha beneficiado nada a la potenciación de esta maravillosa obra. 

¿Por qué este Bien de Interés Cultural (BIC), que ha sido restaurado con dinero público, está siendo gestionado por una empresa privada? 

Mi crítica no es por el pago o el precio de la entrada, sino por quién debería gestionar la misma.

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Si este bien público -aunque algunos no comprendan todo el significado de la palabra "público"- ha sido acondicionado y cuidado con dinero de las arcas públicas, porqué el Concello de Ourense no es quién de gestionar la misma.

Dejando a un lado su función religiosa, este edificio podría ser un elemento tan relevante en el turismo de la capital ourensana como la fuente de As Burgas o los parques termales que recorren la ciudad. Nuevos estudios estadísticos, están anunciando una pérdida de turismo en la capital respecto a la Ribeira Sacra.

Por ello, critico que la institución religiosa haya sido quien ha tomado esta decisión y que el Concello no haya tomado medidas para frenar esta "privatización" de un elemento clave en el sector turístico ourensano que, para mi, es crucial para una ciudad como la de Ourense. 

Una buena gestión por parte de la administración local, podría generar una buena entrada de dinero en este sector estancado en la ciudad de Ourense, con lo que ello conlleva: nuevos puestos de empleo, nuevos comercios hosteleros...

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Y el dinero de las entradas al templo, servirían para recuperar parte de lo invertido en su restauración.

Hace falta un cambio desde las bases en la Ley de Patrimonio Histórico y en la gestión de los mismos; hay que separar negocio de servicio público.