Desde que Ciudadanos saltase al panorama nacional hace algo más de un año, en numerosas ocasiones han hablado de su medida estrella en política económica: el complemento salarial. Lejos de ser el elixir de la angustiosa situación económica que atraviesa nuestro país, supone un verdadero riesgo para la ya tan dañada estabilidad de los contratos laborales.

El complemento salarial consiste en en una pequeña retribución económica del Estado a los salarios situados por debajo del mínimo interprofesional.

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De esta forma, Ciudadanos pretende echar una mano desde las arcas públicas a empleados con dificultades económicas. A efectos teóricos, la medida del partido naranja es idónea.

El problema surge cuando se pasa a la práctica. Resulta inviable, salvo que confiemos en el buen hacer de los empresarios, tarea que no se presenta muy halagüeña. Es como decirle a un ladrón que no robe.

Imaginemos que tengo un salario de 1000 euros mensuales. A priori, como me sitúo por encima del salario mínimo interprofesional, no tengo que recibir ninguna complemento por parte del Estado. Sin embargo, el empresario decide reducirme el sueldo hasta los 500 euros para así recortar gastos y que mi trabajo le salga más barato. Yo, como es obvio, exijo que se me retribuya ese complemento que sé que el Estado ofrece a las rentas más pobres. Recibo 500 euros de las arcas públicas y recupero mi nivel patrimonial previo. No conforme con ello, llego a un acuerdo con mi jefe gracias al cual voy a cobrar un incentivo de 200 euros en negro, lo que hacen un total de 1200 euros al mes.

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El empresario sale ganando a costa del Estado y el trabajador, a pesar de percibir una cuantía mayor, solo va a poder declarar 500 euros, la mitad que antes. Por tanto, como empleado recibo más dinero que al principio; el empresario se gasta en mí 700 euros (200 sin cotizar) frente a los 1000 del principio, mientras que se han sacado sin necesidad del dinero de todos los españoles 500 euros debido a la picaresca laboral que se ha creado. Dicho de otra forma, el coste por trabajador que debería recaer sobre la empresa en la que este realiza sus funciones pasa a estar subvencionado en buena parte por el dinero aportado por todos los contribuyentes de España.

Además, al recibir 500 euros de dinero público y 200 en forma de dinero sumergido, el empleado únicamente tiene que declarar algo más del 40%, lo que supone un ingreso monetario vía impositiva más bajo que en el punto de partida donde nos encontrábamos. Aquí, por otro lado, se encuentra una cierta disimetría porque si cada trabajador aporta una menor cantidad a las arcas públicas, pero cada vez más el Estado ha de tirar del dinero que estas contienen para dignificar el salario de los españoles, ¿cómo cuadran las cuentas?

Lo que sucede es que el complemento salarial no aporta ninguna medida de control para que estas prácticas fraudulentas no se produzcan.

Se basa en ese supuesto buen hacer de los empresarios. No hemos de olvidar que nos encontramos en un país donde las empresas lo que buscan es rentabilizar gastos y alcanzar unos objetivos delimitados, sin importarles los medios que deban utilizar para ello. El valor social de sus acciones dista mucho de una ética laboral adecuada como puede suceder en otros países.

Por este motivo, mientras no se aplique una regulación eficaz en la ejecución del complemento salarial, esta medida económica no puede considerarse como la solución a todos nuestros problemas de empleos precarios y salarios basura.