Considerando el hecho que cuando se evalúa a los países para ver quien tiene más poder que otro, solo se toman en cuenta los PIB o producto per cápita, pero deberían existir otros factores como los derechos humanos para determinar el grado de importancia y seriedad de un país como potencia.

Desde que la crisis económica y financiera golpeó a España, la pérdida de puestos de trabajo y las medidas que se tomaron para afrontar la crisis, han llevado a miles de personas a salir a la calle en modo de protesta para expresar su desacuerdo o molestia con dichas medidas.

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Cabe destacar que si un estado es firmante ante convenios internacionales sobre los derechos humanos deben saber que esos son también derechos fundamentales de un país. Un indicador clave para medir el avance democrático en cualquier país es el nivel de protección que se le da a la Libertad de expresión.

Cuando se impide el libre debate de ideas y opiniones, se limita el desarrollo de la sociedad.

  1. En el artículo 20, n°1 A de la Constitución Española, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  2. El artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; y a no ser molestado a causa de sus opiniones.
  3. En la carta de los derechos fundamentales de la unión europea, tenemos el artículo 11 donde toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. También se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

Como hemos visto en algunas manifestaciones, se han tomado acciones orientadas a controlar las opiniones e información, tanto por parte de gobiernos como de actores privados, bajo la modalidad de censura, restricciones de acceso y actos violentos contra aquellos cuyas opiniones o cuestionamientos se perciben como peligrosos o errados.

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El informe de Amnistía Internacional, llamado “España: el derecho a protestar amenazado”, hace frente a los abusos de la policía contra los manifestantes, la falta de justicia por esos abusos y la determinación de las autoridades españolas de reforzar una legislación represiva. Como muestra de dichas represiones tenemos el casos de Jorge Arando, entre otros.

Cuando un gobierno se desentiende de proteger y regular los derechos fundamentales que la Constitución promueve, las personas adquieren la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo pretende el gobierno, ahora por la llamada ley de Seguridad Ciudadana y por el Código Penal.

Hasta un cierto punto es irónico que como periodista o particular no puedas grabar y constar de los abusos por parte de la policía española hacia los Ciudadanos porque además de que puede ser peligros para tu integridad física, también te pueden multar por 30000 euros por grabar dicho actos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que la libertad de participar en una reunión pacífica es de tal importancia que los participantes no deben ser sancionados a menos que cometan un delito.

Así que, ¿cómo quedaría España si se tomara en cuenta este factor para determinar el grado de importancia de un país sobre otro?