Con el anuncio del aumento del salario mínimo, vital y móvil a $6.060 mensuales a partir de enero próximo, se reavivó la polémica que asegura que un preso cobra más que un jubilado, quien percibe un haber mínimo de $3.821. Este mismo argumento es utilizado por medios opositores como una crítica al gobierno nacional, la cual es reproducida rápidamente en las redes sociales, pero en realidad hay muchas cosas que los medios no indican.

El sistema carcelario argentino está regido por la Ley 24.660, la cual fue promulgada en el año 1996 durante el mandato de Carlos Menem, por lo que no es una política kirchnerista sino que es el Poder Judicial quien se hace cargo de cumplir esta ley.

En la misma se sostiene que, como método de reinserción en la sociedad, el preso puede ser empleado por diversas empresas privadas quienes le pagarán el salario mínimo como remuneración.

Este salario no es percibido por el preso directamente. Después de realizar los aportes correspondientes, el sueldo neto es dividido en donde un 10% se destina a reparar los daños ocasionados a la víctima, un 25% a solventar los gastos del preso en las instalaciones, un 35% para la provisión de alimentos y el 30% es destinado a un fondo que el preso recibirá solamente después de cumplir su condena. Como excepción, si la conducta del interno es buena, podrá disponer de un 30% de su salario para la compra de artículos de consumo, previa autorización de la autoridad carcelaria.

Al cometer un delito, una persona es privada de su libertad, pero esto no significa que pierda sus otros derechos pues esto supondría un castigo excesivo en una actitud que tendría que ver más con la venganza que con la justicia.

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Esto significa que por más que la persona esté presa aun posee sus derechos laborales, básicamente tiene el derecho de trabajar y de percibir un salario por sus esfuerzos. Esto, además, funciona como un método de reinserción social. En 1997, un estudio realizado por Saylor y Gaes demostró que el trabajo en las cárceles disminuía la reincidencia en un 24%.

El caso de los jubilados es más complicado. Actualmente la Argentina tiene una cobertura del sistema previsional casi total, un 94% para el año pasado, cuando en 2005 esta era de la mitad. La ampliación de este número se hizo a través del régimen de moratoria por el cual se le permitió jubilarse a personas que no tenían los 30 años de aportes necesarios, ya sea porque eran amas de casa, trabajaban en negro u otros motivos. Los aportes adeudados son descontados en cuotas sobre los haberes percibidos.

Si bien los presos pueden ser contratados por el Estado, en su mayoría trabajan para el sector privado, mientras que los haberes jubilatorios son pagados por el Estado Nacional a través de la Anses, aproximadamente 6 millones de jubilados.

Además, los mismos presos financian las jubilaciones actuales al pagar aportes jubilatorios. En el sistema previsional argentino todos los trabajadores aportan para los actuales jubilados, y percibirán una jubilación pagada por los futuros trabajadores, a diferencia del régimen de capitalización en donde un trabajador aportaba a un fondo individual que se le devolvía en forma de haberes cuando se jubilaba.

En resumen, esto no solo no es una política kirchnerista sino que un preso percibe un salario, es decir que trabaja para ganarse ese dinero y no cobra un subsidio simplemente por estar preso. El 25% de los presos argentinos no acceden a este beneficio y, por ende, no perciben ningún salario.