La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el 30 de marzo de 2015, entró en vigor el día 1 de julio. Denominada por muchos “Ley Mordaza” ha generado nuevas desavenencias entre el PP y el resto de partidos políticos hasta el punto de arrancar el compromiso de la oposición de derogarla si llega a gobernar.



Según define el texto de la Ley en su preámbulo “La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica”. La nueva norma tiene por objeto “la protección de personas y bienes” y “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”.



Hay muchas interpretaciones sobre lo que prohíbe esta Ley. En lo que se refiere al derecho de reunión y manifestación el artículo 23 de la Ley de Seguridad Ciudadana señala que se “adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”. En el punto 2 de este artículo indica que “La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”. Y tipifica como infracción grave en el artículo 36.2 “La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”. El problema no radica tanto en la consideración de infracción de la acción en sí como en la interpretación del artículo. ¿Quién decide que la perturbación está siendo grave? ¿Queda a expensas de las Fuerzas de Seguridad?



Cuando se pretende regular la seguridad ciudadana, entendiéndola como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, hay que dejar bien claras las posiciones. Si el #Gobierno cree que la forma es correcta, se equivoca en el fondo. La norma que ha entrado en vigor el miércoles debería codificar el buen funcionamiento de una sociedad democrática moderna fomentando la libertad y seguridad y no transmitiendo la idea de “bozal” que se ha extendido desde su aprobación.



Una de las prioridades de la acción de los poderes públicos es garantizar la seguridad ciudadana. Para ello debe saber hacer compatibles los derechos y libertades de los #Ciudadanos con la intrusión estrictamente necesaria en los mismos que permita lograr ese objetivo.



Se gobierna para la ciudadanía, no para defenderse de los derechos del pueblo.  #Mariano Rajoy