A todos los ciudadanos les ha sorprendido cómo desde que las formaciones ciudadanas y los partidos por los que nadie daba "un duro" no solo hayan irrumpido de una forma arrolladora en el panorama electoral, sino que casi de la noche a la mañana hayan tomado provincias de la península desde el sur hasta el norte, bien en coalición con otras formaciones o bien con mayoría absoluta.

Todavía parece para muchos un sueño hecho realidad el que las plataformas ciudadanas que nacieron hace unos cuatro años del movimiento 15-M hayan conseguido realmente aquello que para muchos políticos era asunto de mofa: hacerse con el #Poder en las instituciones.

Hemos asistido no solo en España, sino en Europa a una explosión de cambio y renovación, azotada por las políticas "austericidas" de Europa que se ha concretado en propuestas sólidas que poco tienen que ver con "izquierdistas nostálgicos" sino con agrupaciones de ciudadanos que decidieron organizarse contra algo muy sencillo, detener una gestión injusta del poder.

No tendría ni que explicarse, pero el hecho de que sean los ciudadanos quienes pagan con sus salarios los sueldos de los políticos debería implicar que estos últimos tuvieran como prioridad servir a quienes les pagan. Sin embargo esto distaba mucho de ser así y ello trajo consecuencias. La ciudadanía se cansó de que quienes mandaban no solo gestionaran su esfuerzo mal, sino de que lo volvieran contra ellos mismos.

Lo sorprendente de estos nuevos tiempos no es ya tanto el cambio del mapa electoral, sino que muchísima más gente que antes se entera de cuestiones de política y economía.

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Cuando la ciudadanía está informada de qué puede hacer para cambiar su futuro, es más difícil engañarla, puesto que un gobierno no competente necesita de un electorado desinformado.

Hemos asistido a la dimisión de un concejal por unos 'tweets' de mal gusto y también a la petición de un año de prisión por un acto reivindicativo en la Universidad Complutense de Madrid en 2011 en pro de un estado laico en que la iglesia no tenga privilegios como la exención de pagar el I.B.I, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones y Donaciones (privilegios de los que carecen otras instituciones).

En lo relativo a los 'tweets' sería harto deseable que cualquier político independientemente de su afiliación tuviera que abandonar su escaño si comete injurias contra cualquier colectivo, incluidos los parados y las víctimas del régimen franquista (por citar algunos).

Seguramente tendríamos una política de mucha mejor calidad. #Podemos