El fraude fiscal en España se sitúa entre 50.000 y 111.000 millones de euros al año. Los datos varían sustancialmente dependiendo de las medidas empleadas, pero tanto es porque estamos hablando de datos conocidos gracias a que sabemos que existe una cifra negra estimada de fraude fiscal en España del 80%. Con ello, estamos diciendo que sólo el 20% de casos llegan a conocimiento de las autoridades públicas en nuestro país. Para hacernos una idea de la magnitud y la amplitud que comprenden los datos, casi estructurales de España, el presupuesto destinado a educación para este 2015 es de 46.700 millones de euros. Y, por si no hay nada más gráfico que eso, sabemos que entre un 5% y un 11% del PIB anual español corresponde a fraude fiscal.


La recaudación de impuestos se puede dividir en grandes bloques de tributos, y además se puede dividir entre los potenciales sujetos, que configuran la estructura del fraude: un 2% del fraude proviene de asalariados, un 10% de autónomos, un 17% de Pymes y un 71% de sociedades. No resulta extraño pensar que las empresas grandes defrauden más, ya que tienen más ingresos, pero la presión fiscal, en cambio, invierte el orden de la pirámide. Esto explica que haya una infradeclaración por parte de rentas del capital del 61%, y una sobredeclaración sistemática por parte de las rentas del trabajo del 5%.


En España tenemos el delito contra la Hacienda Pública, pero ¿qué es una norma si no asegura su eficacia? ¿Qué hacer con el delincuente que sistemáticamente defrauda a Hacienda? La población normal suele desarrollar una aversión al riesgo, que previene que se salte las reglas del juego. El delincuente fiscal o el gran defraudador, a pesar de poder ser una persona con recursos, opera en función de su percepción del riesgo de ser detectado. Y ¿cómo se explica que personas bien situadas económicamente sean capaces de cometer fraudes de notables dimensiones? Por un lado, opinión personal, es que la avaricia humana fuera de control no tiene límites. Y por la otra, que por pocos incentivos económicos las personas no se arriesgan. Pero, en realidad, lo que entra en el cálculo del gran defraudador no es el riesgo de ser sancionado. Si la estructura del fraude obedece a la estructura del control invertida, como decía, esto abre las oportunidades para cometer fraude libremente.


¿Qué ha sucedido a nivel penal en España? A partir de 120.000 euros se considera delito fiscal; por debajo de esta cantidad nos encontramos en los parámetros de infracción administrativa. La previsión de una pena de prisión de entre 1 año y 5 años es sólo simbólica. En consecuencia, lo que sucede es que en España se instrumentaliza el sistema penal para lograr que el delincuente, el defraudador, pague la cantidad a Hacienda lo antes posible. Por tanto, el mensaje de la sanción no es sólo ineficaz, sino disonante con la voluntad real de la administración de justicia.


Los paraísos fiscales son la pieza clave.
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