Este mediodía en los informativos de La Sexta han reproducido un vídeo muy corto del Presidente Rajoy, antes de una entrevista en la radio en el que informalmente le preguntaban si pensaba que Marruecos había tardado mucho en asistir al rescate de los espeleólogos en el Atlas. Rajoy sólo ha sabido contestar: "no seré yo quien afirme eso". Desde luego, ya ha afirmado a todos los medios que él se queda "con la buena voluntad y el afán de colaboración que tuvo el Gobierno de Marruecos", aunque no da ninguna clave para pensar que fue así.

Y es que el gobierno de España no se encuentra en posición de criticar al ejecutivo de Rabat, y menos después de que el juez Ruz haya decidido imputar a 11 funcionarios marroquíes por cargos de genocidio en el Sáhara Occidental.

En anteriores ocasiones, cuando se ha intentado esclarecer algún hecho en el que autoridades marroquíes tenían responsabilidades claras, Rabat ha respondido atacando el punto débil de su relación con España: la #Inmigración. Por ejemplo, cuando el auto del juez De Lamo Espinosa pidió a Marruecos una comisión rogatoria relativa a las agresiones a personas migrantes de origen subsahariano en la frontera de Melilla, el país vecino decidió dejar de vigilar sus costas, de modo que llegaron, según Delegación de Gobierno, al menos 1.000 personas a territorio español en un mismo día sorprendidas de la falta de control de la Gendarmería marroquí.

Marruecos y España son aliados estratégicos para frenar la inmigración irregular y la política migratoria de nuestro país no podría funcionar sin la opaca colaboración del país vecino, que consigue beneficios económicos y políticos (un beneficioso acuerdo de pesca, el silencio de las autoridades españolas sobre el Sáhara, acuerdos de cooperación sin condiciones de transparencia, etc.) a cambio de ser el gendarme de España y de Europa y controlar a cualquier precio la frontera Sur.

Vídeos destacados del día

A pesar de que se ha documentado la brutalidad de los agentes marroquíes hacia personas que esperan en sus bosques la oportunidad para cruzar la frontera, España continúa externalizando la gestión de la valla al país vecino, que no está sujeto a las mismas obligaciones para con los derechos humanos que el estado español, ya que no forma parte de la Unión Europea. Es más, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana dentro de dos meses, el Gobierno legalizará la devolución de los inmigrantes que crucen la valla a territorio marroquí, algo que aunque se hace en la práctica desde 2005, va en contra de los tratados internacionales suscritos por España y de la propia Ley de Extranjería.

Así que no. El gobierno español no va a exigir responsabilidades a Marruecos, pues ambos se benefician de su condición de aliados. El reino alauí tiene problemas con sus vecinos de Argelia y Mauritania, e incluso con Francia, su socio tradicional, por lo que no le interesa perder la amistad diplomática con España, pero sabe que su papel de policía de la frontera le otorga manga ancha para presionar al gobierno por cualquier tema, como las causas judiciales. Esa es su baza y el precio que España y la Unión Europea tienen que pagar por su hipócrita actitud hacia las personas que califican como irregulares y a las que prohíben la entrada a la Europa Fortaleza.