Los registros civiles se privatizarán a partir de Julio

Entre tanta agitación política de nuevos partidos, candidatos, debates y programas televisivos que se centran únicamente en sacar los trapos sucios de unos y de otros, el gobierno actual está aprovechando para aprobar (sin hacer demasiado ruido) algunas medidas que repercutirán directamente a los españoles y a su maltratado bolsillo.

La nueva ocurrencia del registrador de la propiedad en excedencia, Mariano Rajoy, parece conducir a un favorecimiento del sector al que siempre se ha dedicado y al que seguramente tenga que volver viendo el panorama político actual.

Y es que señores y señoras, a partir de ahora se va a cobrar por trámites burocráticos tan simples y necesarios como inscribir a un recién nacido o registrar una defunción. Sí, como lo leen, a partir de Julio hasta para morirse uno va a necesitar dinero.

El motivo de este despropósito es que se va a trasladar esta función, hasta hoy día tramitada por funcionarios públicos que pagamos con nuestros impuestos (que no son pocos), al colectivo de registradores mercantiles.

Los registros afectan a más de un millón de ciudadanos al año sólo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Y no todo queda ahí, pues los sindicatos calculan no menos de 3.000 despidos si el Gobierno lleva adelante su proyecto de cesión a los registradores de la propiedad.

A modo de resumen, una estimación de lo que pagaremos gracias a esta nueva ley, que entra en vigor pasados 3 años de su publicación:

Registrar a un recién nacido costará 20 euros.

Obtener la partida de nacimiento costará 20 euros.

Inscribir una defunción costará 40 euros.

Casarte por lo civil u obtener un duplicado del libro de familia costará entre 100 y 150 euros.

Registrar una nueva comunidad de vecinos costará aproximadamente unos 300 euros.

La ocurrencia de asignar este servicio a los registradores de la propiedad surgió en 2012 y levantó tal revuelo, recordemos que Mariano Rajoy tiene su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante), que obligó al ex-Ministro de Justicia Gallardón a no darle demasiado bombo para no provocar más agitación.