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La debacle del Partido Popular (PP) en Andalucía parece haber encendido todas las alarmas en el seno de su ejecutiva ante la probabilidad -nada remota- de perder las próximas elecciones generales, habida cuenta de la poca efectividad de su discurso de la recuperación económica en la mayor parte de la ciudadanía, de la incursión de Ciudadanos, una nueva fuerza política que parece disputarle el voto de centro, y el divorcio ideológico entre el gobierno del PP y los grupos provida nutridos por el voto católico y más conservador de su electorado, a raíz de la retirada de la reforma de la ley del aborto.

Ante este panorama, la derecha más rancia, que ha gobernado España después del franquismo, ha decidido recuperar votos atacando una vez más los derechos de las mujeres, y otra vez -cómo no- a través de introducir reformas en la "ley del aborto".

Mediante ellas quieren atraerse nuevamente a su seno al electorado católico integrado en los grupos provida, que se sintió traicionado por el gobierno tras la retirada de la reforma más restrictiva sobre los derechos de las mujeres: la ley Gallardón, que pretendía quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, despojándonos así de nuestra autonomía y sumiéndonos en una eterna minoría de edad.

El primero de estos ataques contra nuestros derechos ya ha empezado su andadura parlamentaria tras la aprobación ayer, con el voto a favor del líder del PSOE -qué curioso-, de la proposición de ley que incorpora, para el caso de interrupción voluntaria del embarazo de las jóvenes de 16 y 17 años, la obligatoriedad del consentimiento de los padres, restringiendo de esta manera su derecho a decidir y, lo que es más preocupante, poniendo en grave riesgo la salud de las menores cuyo embarazo puede ser el fruto de una violación paterna.

Pero, al parecer, esta medida no satisface del todo a su electorado católico, que exige una prueba más del compromiso del gobierno "pepero" a favor de la vida. Y esta prueba adicional se puede traducir en una nueva agresión contra los derechos de las mujeres, introduciendo otra reforma en la amenazada Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva. En este caso, lo que se plantea el PP y su gobierno es eliminar de dicha ley el concepto de "derecho a una maternidad libremente decidida", introduciendo su discurso ideológico de que el aborto no es un derecho de la mujer.

Estos nuevos ataques contra nuestros derechos, con una finalidad exclusivamente electoralista -por mucho que lo nieguen desde el PP-, vienen a enfatizar el gran retroceso en los mismos que se viene produciendo desde que el gobierno de Mariano Rajoy pusiera el pie en La Moncloa.

Sus reformas y recortes ideológicos, con la excusa de la crisis económica, han ido retocando un sistema ya de por sí hostil para las mujeres, transformándolo en otro en el que ser mujer te puede convertir en el blanco perfecto de la precariedad laboral, de la pobreza, de la desigualdad, de la discriminación salarial y de la violencia machista.

Pero nada de ello parece importar cuando lo que está en juego es un puñado de votos que les permita seguir elaborando leyes y haciendo recortes que devuelvan a las mujeres al lugar de donde -para muchos y para algunas- nunca deberíamos de haber salido: el hogar, asumiendo exclusivamente el rol de madre, de esposa y de cuidadora, bajo la tutela de nuestro padre, nuestro marido o de papa Estado.