Que a lo largo de los años hemos avanzado en materia de integración de personas discapacitadas no es un nuevo descubrimiento. Como en la mayoría de campos de estudios sociales, la experiencia ha otorgado grandes beneficios para conseguir la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de cualquier característica añadida a la propia definición de ciudadano. Pero en la actualidad, la crisis económica, política y social que sufrimos está causando estragos en este proceso, dejando en el olvido aspectos tan básicos para el desarrollo social del país como la Educación inclusiva de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

La muy criticada y ya aprobada ley LOMCE o "ley Wert" es el primer objeto de crítica en este aspecto. La mejora en la calidad de la enseñanza general que se persigue con ella, olvida la importancia de la integración en los centros escolares ordinarios de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo un sistema sesgado, donde las necesidades especiales, no ya solo de este colectivo sino de todos aquellos con dificultades en el aprendizaje, se ven obviadas.

El propio Colectivo de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), hizo público en el pasado mes de diciembre su desacuerdo y las medidas a tomar contra este atraso en la lucha por los derechos de los discapacitados. Pero a pie de calle, donde aún se persigue la revocación de esta ley, ¿quién se pronuncia sobre este tema? Numerosas protestas juveniles se retractan sobre esta nueva reforma educativa en contra de la religión, las reválidas o las tasas universitarias, pero poco se oye hablar de la falta de apoyo a los discapacitados.

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Los centros de educación especial aportan la atención que los afectados requieren, tanto en formación como en autonomía y calidad de vida general. El trabajo mayormente individualizado y la relación con compañeros en similares condiciones pueden resultar favorecedoras, pero no supone ser la llave maestra para resolver el problema de la inclusión en todos los casos. En algunos, el ingreso en este tipo de centros produce incluso un retroceso en su avance más que reportar beneficios, lo que se traduce en un desaprovechamiento de las capacidades del individuo que le pasará factura en su futuro social y laboral, pues puede que los conocimientos y el trato que podría haber experimentado se queden abandonados.

La dificultad probablemente radique en consensuar un límite en el que situar cuándo se está capacitado para acudir a un centro ordinario o, por otro lado, resulta más favorable la opción de la educación especial. Sin embargo y pese a esta gran duda, el trato de la discapacidad como algo ya conocido y con lo que poder trabajar, supondría la visión de la misma con mayor normalidad, lo que a su vez repercutiría en una mayor aceptación dentro de las aulas, y un trato en cuestión de contenidos y formas de enseñanza más igualitario al del resto de alumnos.

Pero esto, sin apoyo político y mucho menos sin movilización ciudadana, poco cambio va a obtener.