El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha notificado, a través del representante de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, la decisión de paralizar la privatización del Registro Civil. Este es el tercer proyecto estrella de Gallardón que tumba el ejecutivo. ¿Por qué se desdice de su propio programa electoral?

Esta decisión se une a la de la retirada de la reforma de la Ley del aborto y de las tasas judiciales, todas ellas tomadas en un año electoral donde las últimas encuestas señalan el descalabro en las urnas del Partido popular, rodeado de numerosos casos de corrupción y protagonista de una pésima gestión al frente del Gobierno de España. Y para muestra un botón: la abultada derrota en las primeras Elecciones del año, las autonómicas de Andalucía.

A ello se suma que la medida de privatizar este organismo público, encargado de la tarea importante de inscribir todos los acontecimientos que acontecen en el estado civil de las personas, no es del agrado de ninguno de los actores implicados, desde los funcionarios encargados de los mismos, pasando por todos los partidos políticos de la oposición, hasta llegar a los propios registradores mercantiles y de la propiedad, que temen que la gratuidad de este servicio acabe por costarle dinero de su propia cartera.

Y ese es el problema, principalmente, por el que el máximo órgano colegiado de los registradores, el Colegio de Registradores, ha solicitado a Justicia que dé marcha atrás a su intención de cederles el Registro Civil: cómo se van a financiar los servicios de este organismo, de los que Catalá ha reiterado su gratuidad.

Aunque esta medida sólo supone una paralización en el proceso de privatización, pues desde fuentes gubernamentales se ha señalado que están buscando otras alternativas -¿cuáles? nada se ha dicho al respecto-, todo hace suponer que, ante el descontento generalizado de todos los actores implicados y el desconcierto existente entre el electorado -de si será gratuito o tendremos que pagar por algo que antes era gratis-, dicha paralización se mantendrá, al menos, hasta después de la celebración de elecciones. Si el ganador de éstas es el mismo partido ahora en el poder, lo más seguro es que se materialice dicha privatización. ¿Cómo? Seguro que entonces sí son capaces de llegar a un acuerdo que reporte pingües beneficios a los Registradores.

Pero de momento, los posibles resultados electorales están marcando las últimas actuaciones del Gobierno del PP, muy preocupado -aunque lo nieguen hasta la saciedad- de las últimas encuestas que le vaticinan una caída en picado, con una considerable pérdida de votos. Y esta paralización no es sino consecuencia de este temor: no hay que hacer nada que pueda perjudicar los intereses electoralistas del partido en el poder.