Hace años desde que el Supremo puso fin a la trayectoria de uno de los jueces españoles más reconocidos a nivel internacional, cuyo triple encausamiento fue descalificado por juristas de todo el mundo. Se puso así punto final a sus 31 años de carrera judicial, 22 de ellos participando en la Audiencia Nacional.

Durante su carrera, Baltasar Garzón desarticuló el entramado de ETA y su entorno, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo de capitales, ordenó la detención del general Pinochet y persiguió los crímenes contra la humanidad de dictaduras latinoamericanas.

Fue una paradoja el hecho de que el reconocido jurista, fuese el primer condenado por el caso Gürtel, del que ahora se encarga su sucesor Pablo Ruz, un joven jurista, que en junio de 2010, fue nombrado por unanimidad para sustituir al citado exjuez.

Baltasar Garzón y Pablo Ruz han sido dos jueces que a lo largo de cinco años han tenido el valor de plantar cara a la trama de corrupción que salpicaba a varios miembros del Partido Popular.

Es curioso cómo han ido desapareciendo estas implacables personalidades. Algunas de las medidas tomadas por el exjuez que da título a este artículo suscitaron polémica, calificándose de ilegales y de quebrar la seguridad jurídica (he aquí el maquiavélico debate de si el fin justifica los medios), en cualquier caso, nadie duda de su honestidad y compromiso social demostrado con iniciativas como la defensa gratuita de Julian Assange.

Hace un mes, vimos cómo incluso un juez más tímido y precavido que Garzón ha sido apartado lenta y discretamente por presiones políticas dentro de un sistema corrupto tras sus últimos autos judiciales en los que tuvo la osadía de implicar al PP y la ex ministra Ana Mato, a quien vimos dimitir después de que la declarase partícipe a título lucrativo de los delitos de la Gürtel.

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Es sabido que el PP criticó estas resoluciones y consideró que la continuidad de Ruz al frente del juzgado podría truncar sus intereses en un año con dos citas electorales.