El pasado verano, en plena escalada del conflicto de Gaza, el Gobierno español se vio obligado a paralizar "cautelarmente" la venta de armas a Israel. ¿El motivo? La presión social y puntual debido a la terrible crisis humanitaria creada en la zona. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado sustancialmente el número de productos armamentísticos -en la mayoría de los casos con doble uso (defensa y violaciones de derechos humanos) vendidos no solo a Israel, sino también a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto… y otros muchos países de Oriente Medio que, de una manera u otra, están involucrados tanto en violaciones de derechos humanos -ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian los casos de activistas y manifestantes detenidos, los casos de tortura sin investigar, los presos políticos….- como en apoyo a alguna parte del conflicto sirio.

Todo esto, unido a la noticia alarmante de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, estaba vinculado con la empresa que vendió bombas de racimo a Libia durante la Primavera Árabe, nos hace pensar si este gobierno está intentando salir de la crisis -o aliviarla- a cualquier precio (¿podemos, tan siquiera, ponerle precio a la vida e integridad física y mental de miles de personas?). Un dato muy significativo es el hecho de que en 2013, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio publicados en eldiario.es, España multiplicó por 10 la venta de armas a Israel, batiendo un récord histórico. Ese mismo año, se ingresaban 3.907 millones de euros con las exportaciones de defensa, que se han multiplicado por 1.128% desde 2004 según datos ofrecidos por Público.

Además, según el Centro Español de Periodismo de Investigación y Datos (CEPID), ese mismo año -aún no hay cifras de 2014- exportamos material militar a 11 países en conflicto armado (Colombia, Argelia, Nigeria, Turquía, Israel, Rusia, Afganistán, Pakistán, India, Tailandia y Filipinas).

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Esta pasada Nochebuena entraba en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de la ONU, ratificado por más de 50 países, que regula y prohíbe a los estados exportar armas convencionales si hay riesgo de que propicien genocidios o crímenes de guerra. Es decir, las exportaciones a países en conflicto quedan vetadas. La encargada de supervisar si la legalidad se cumple en España, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), tiene que ponerse muy seria y estricta ahora que el TCA se ha materializado. Los datos de estos últimos años no pueden volver a repetirse, por mucho que mejoren los datos de exportación del país.

Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, declaraba al diario Público con contundencia que "El Gobierno está interpretando la ley de una forma muy poco exigente, muy laxa, para favorecer las exportaciones. El truco está en decir que lo que venden no es armamento letal.

Aparatos como gafas de visión nocturna y material de ese estilo, que aunque no matan directamente, sirven para matar mejor".

¿Todo vale para salir de la crisis?