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El juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, D. José Castro, ha acordado, en un auto dictado hoy viernes, no admitir a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa de Doña Cristina de Borbón, hermana del Rey Felipe VI, contra el auto de apertura del juicio oral en el caso Noós, dictado el 22 de diciembre y en el que se acordó sentarla en el "banquillo de los acusados" como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Este auto, aun existiendo todavía en la sociedad española una gran sensación de impunidad sobre los casos de corrupción, significa un "triunfo" del Estado de Derecho, una manifestación clara de la independencia judicial, tantas veces criticada desde las mismas esferas del poder, y quizá un motivo para que todas y todos empecemos a creernos que la "justicia es igual para todas las personas", como manifestó el Rey Juan Carlos I en uno de sus vacíos discursos de Navidad, haciendo más real y efectivo el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Española, en el que se dice que "los españoles [y las españolas] son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Con la presunción de inocencia y todas las garantías constitucionales, legales y procesales que deben guiar este proceso, se puede decir que las cartas están echadas, que el juez Castro ha tumbado una de las últimas murallas levantadas (por distintos agentes: desde su defensa -cosa lógica- hasta el mismísimo fiscal anticorrupción, Pedro Horrach) para evitar que se haga Justicia, para evitar ver a un miembro de la rancia Familia real española sentado en el banquillo de los acusados. ¿Dejarán que sean los Tribunales, en este caso la Audiencia de Palma, quienes diriman la inocencia o la culpabilidad de doña Cristina de Borbón? ¿O tendrán guardada otra carta en la manga para evitar su procesamiento? ¿Cómo reaccionará el fiscal Horrach? ¿Y la Abogacía del Estado? ¿Y el Gobierno del Sr. Rajoy, junto con su Partido, el Partido Popular? ¿Y la Casa Real? ¿Qué se inventará ahora la defensa de la Infanta para seguir paralizando la acción de la Justicia?

Estas preguntas se irán contestando a medida que vayan precipitándose los acontecimientos para la celebración del juicio oral; pero hoy quiero quedarme con la satisfacción y con la sensación de que "ha triunfado" el Estado de Derecho, y que esto puede ser un atisbo de que las cosas pueden cambiar en España.