José Manuel Soria, ministro de Industria, intenta poner paños fríos a la marcha de Google Noticias de España, en las últimas horas ha sugerido que el Gobierno podría dejar sin efecto la polémica norma, que la propia AEDE solicitó al Gobierno incluir en la Ley de Propiedad Intelectual y que ha causado una gran controversia a nivel global.

El propio ministró se preocupó en remarcar que si los editores aglutinados en AEDE lo solicitan, el Gobierno suprimirá la ya bautizada como "tasa Google", al tiempo que la decisión del gigante no tiene por qué ser irreversible y anunció que el gobierno tomará "medidas adicionales" para corregir los puntos de la ley que obliga a las empresas a pagar por los enlaces que conducen a los periódicos, entre ellos Google, que decidió cerrar su filial española.

El ministro intenta minimizar las consecuencias comentando que las cosas siempre se pueden hacer de otra forma, matiza que toda empresa es libre de tomar legítimas decisiones, tal cual lo hizo el gigante con su sección de noticias, aunque remarcó que la norma había sido solicitada e ideada por AEDE, de hecho, plantearon concretamente que se cobrara una tasa para los enlaces que llevaban directamente a sus portales de información.

Y aprovechó para dejar claro que ahora tendrá que ser AEDE la que evalúe las pérdidas económicas que les acarreará la polémica tasa, además de las consecuencias secundarias como las pérdidas de empleo que inevitablemente aparecerán cuando toque hacer frente a las mismas. La nueva Ley de Propiedad Intelectual agregó, a pedido expreso de AEDE, el cobro de esa tasa que ya España y el mundo conocen como la tasa Google y que enmarca dentro de la norma es el cobro irrenunciable de la misma, como también la ambigüedad de la misma.

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Eso quiere decir que la parte responsable de cobrar la tasa no tiene ni criterios claros ni mucho menos establecidos para distribuir el dinero que se piensa recaudar, lo que sí está estimado con mucho más precisión es el monto de las pérdidas que la misma acarreará y que está en el entorno de los 60 millones de euros.

Y precisamente, el gigante de Internet se marchó de España por ese "carácter irrenunciable" en el que la ley o la norma es la que empujó a tomar esa decisión que finalmente se consumó en el día de ayer. No queda duda que AEDE subestimó a Google en las medidas que la misma tomaría una vez llegado el momento, la firma podría haber esperado al mismo 31 de diciembre para cerrar su filial de noticias pero el efecto mediático que ha causado su marcha ha sido en un comienzo demoledor e inédito, nunca antes desde que se utiliza Internet en España una empresa de su magnitud había tomado este tipo de determinación.