El Gobierno estableció un plazo desde el pasado 26 de Octubre hasta el próximo 31 de Diciembre para que las televisiones comenzasen a emitir en los nuevos canales asignados en el Plan Técnico de la TDT, aprobado por el Ministerio de Industria. Esta decisión había provocado ya polémica previamente pues las televisiones privadas tuvieron cerrar varios de los canales que tenían en emisión y habían protestado amargamente por ello.

También provocó la queja enérgica de las mismas cadenas de Televisión y, además, de las asociaciones de consumidores, paganos obligados de este nuevo cambio. Pero también levantó la decisión gubernamental la queja de unos beneficiados por la medida: la asociación de antenistas (Fenitel), que inmediatamente expresó la imposibilidad técnica de hacer el cambio que Industria ponía en marcha.

El Gobierno trató de aplacar las quejas de los consumidores prometiendo subvenciones. Las comunidades de vecinos que están teniendo que hacer el cambio deben pagar a las empresas antenistas y, con la factura, pedir la subvención correspondiente que el Gobierno (si cumple) pagará.

El problema material de los antenistas ha sido otra historia. Como era previsible, porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, se ha cumplido inevitablemente lo que los profesionales ya avisaron que ocurriría, que era imposible hacer la modificación de todas las antenas de España en los plazos exigidos.

Hoy el Consejo de Ministros se hace una cura de realidad y concede una prórroga de tres meses, hasta el próximo 31 de Marzo, para que comunidades de vecinos puedan adaptarse y las empresas antenistas hacer su trabajo.

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José Manuel Soria, ministro de Industria, minimiza los problemas diciendo que las viviendas no adaptadas solo dejarán de ver "aquellos canales de menor audiencia y los que los propios operadores han señalado".

No es ese, sin embargo, el mayor problema que esta serie de decisiones gubernamentales está provocando. El aplazamiento decidido hoy tiene consecuencias económicas para las operadoras de telefonía. No podrán empezar todavía a dar servicio 4G por las frecuencias para las que pagaron, en 2011, 1.200 millones de euros. Es más que probable que dichas empresas vayan a pedir indemnizaciones por los perjuicios que el atraso les va a generar.

Estamos viviendo, por tanto, otro despropósito más de los que nos gobiernan y que pagamos y pagaremos todos. De momento, los usuarios de televisión que tenemos que cambiar las instalaciones, después, los contribuyentes que tendremos que pagar las subvenciones y, luego, ya veremos, también las indemnizaciones a las empresas de telecomunicaciones.

La pregunta inevitable es: ¿todo esto a beneficio de quién?. Evidentemente y, en primer lugar, está claro que hay empresas, pocas, que están haciendo claro negocio con la modificación de antenas. Nada que reprocharles, hacen su trabajo y es negocio legítimo. Salvo que se descubra que alguna a "influido" en las decisiones gubernamentales de forma ilegítima. Pero la falta de previsión y la desorganización del Ministerio está teniendo consecuencias que, desde luego, eran manifiestamente evitables, solo con un poquito de trabajo bien hecho y de previsión.

Por desgracia, esta país sigue fiel a la inevitable "chapuza nacional". Lo peor de todo, que los mayores chapuceros son quienes deberían cambiar esta dinámica de nuestra historia. Los paganos y sufridores, siempre los mismos, también como siempre.