Pasadas algo más de 48 horas del auto de apertura de juicio oral por el caso Nóos, en el que el juez José Castro envía a la Infanta Cristina al banquillo por ser colaboradora necesaria en dos delitos fiscales, se observa con sorpresa la actitud del magistrado. En primer lugar, por ir más allá de lo que se espera en un auto de estas características, incorporando razonamientos jurídicos para justificar la legitimidad de la acusación popular a la hora de llevar a juicio a la Infanta. Y en segundo lugar porque Castro se salta la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo, desmontando así la llamada doctrina Botín que se estableció en el año 2007.

No es que el magistrado ignore dicha doctrina (de hecho le da una importancia destacada a lo largo de las 150 páginas), sino que basa sus argumentos en los cinco votos discrepantes que hubo en esa resolución. Es decir, que para él tiene más peso la opinión de los que perdieron esa discusión -opinión igualmente respetable, por supuesto- que lo que acabó dictaminando el alto tribunal. Para argumentar su escrito, Castro también destaca un artículo del reconocido jurista Enrique Gimbernat en el que también discrepaba de la resolución que el Supremo dictaminó en favor del banquero recientemente fallecido.

Tanto el Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach como la Abogacía del Estado o la Agencia Tributaria (que actúa como acusación particular) pidieron el sobreseimiento de la Infanta al no encontrar indicios de delito.

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Parecía claro que no se podría mandar a la Infanta a declarar con sólo la acusación popular de Manos Limpias pidiéndolo, pero el magistrado dictaminó que si "Hacienda somos todos" la petición del pseudosindicato ya era suficiente para llevar a juicio a Cristina de Borbón.

Un juez puede discrepar cuánto quiera de la jurisprudencia marcada por el alto tribunal, pero sólo a título personal. En su labor como magistrado debe seguir lo que indique la ley, y en este caso el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es claro: si el fiscal y la acusación particular piden sobreseimiento, la acusación popular no es suficiente para llevar a alguien a juicio oral. Así se estableció a raíz de la doctrina Botín, que no debe confundirse con la excepción que se hizo en el caso Atutxa, en el que la acusación popular sí se bastó para hacer declarar al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por un delito de desobediencia grave. Esta excepción se hizo porque se consideró que en un delito de desobediencia no era posible que existiera alguien que pudiese personarse como acusación particular.

Ha habido casos similares de delito fiscal (casos que Horrach ha recordado al juez en más de una ocasión) en los que los cónyuges de los autores del fraude no han sido imputados si éstos no tenían conocimiento del origen del dinero. En el caso de Cristina, el juez Castro no ha podido encontrar ninguna evidencia sólida que demostrase que ella era consciente del fraude existente. El hecho de que la hermana del rey no fuese imputada por un delito de blanqueo de capitales (que implica el hecho de saber que el origen del dinero es ilegal) ya indica que Cristina no tenía por qué saber que su marido estaba cometiendo un delito fiscal.

La doctrina Botín, por muy horrenda o injusta que nos pueda parecer, ya ha sido aplicada en más de una ocasión. Exigir que la justicia sea igual para todos no es lo mismo que perseguir a personas con renombre para convertirse en juez estrella. En ningún caso debemos celebrar, como hace Miguel Ángel Revilla, que un magistrado sea "garante de lo que pide la ciudadanía", sino que debemos esperar que lo que haga se ajuste a la ley. #Infanta Cristina