Las leyes de un país y su justicia son, en muchas ocasiones, el reflejo de una sociedad. La condena sobre determinadas conductas o la benevolencia con la que se tratan otros delitos nos muestran si estamos ante un estado severo, justo, democrático, dictatorial o irresponsable. Si quiere saber en qué tipo de sociedad vive, párese unos minutos a leer el Código Penal de su país. Si decide empezar a revisar las leyes que rigen en España verá como, lamentablemente, la verdad tiene una importancia prácticamente nula.

Para argumentar esta crítica me gustaría hacer referencia al artículo 462 del Código Penal español; sobre el delito de falso testimonio.

Este artículo dicta que el supuesto falso testimonio quedará exento de pena si se retracta a tiempo y admite la verdad antes que se haya emitido un veredicto definitivo. Y es en este punto donde me hierve la sangre: la mentira está admitida y libre de cualquier culpa hasta un segundo antes de que el juez dicte sentencia. O lo que es lo mismo; no hay condena alguna para alguien que haya engañado, mentido deliberadamente y haya faltado a la verdad.

El primer paso para desprestigiar un principio como el de la verdad es instaurar su contrario con total impunidad. Es decir, que la mentira y el fraude se conviertan en algo habitual. Cuando estas acciones no se censuran, se contagian a todos los niveles de la sociedad. Se produce entonces lo que algunos llaman "institucionalización de la mentira".

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En ella, muchas de estas acciones no sólo pueden ser perdonadas, sino que en algunos casos acaban siendo justificadas. En consecuencia, los humanos acabamos conviviendo con la mentira y terminamos insensibilizados ante casos como un fraude electoral.

La permisividad que se le concede a la mentira pública ha acabado siendo algo sistemático en ciertos ámbitos donde se requiere un mayor grado de honestidad: la política. No hay vergüenza alguna si para ganar unas elecciones uno debe faltar a la verdad cuantas veces sea necesario; la honestidad se paga con una caída en la intención de voto y eso es algo demasiado perjudicial. El único objetivo, heredado de las teorías maquiavélicas, está claro: conseguir el poder. Y una vez allí, mediante cualquier acción, triquiñuela o práctica inmoral, perpetuarse ad eternum. En este sentido, la mentira puede ser una solución pragmática y tremendamente eficaz.

Como individuos tenemos una minúscula parcela para decidir cómo queremos que sea nuestro futuro.

Admitámoslo, existe una política cada vez menos honesta y más preocupada de no superar techos de déficit que de servir al ciudadano. Pero nuestro radio de acción, por pequeño que sea, debería hacernos reflexionar sobre si debemos o no tolerar que nos engañen. De haberse penalizado la mentira a tiempo, los partidos hubiesen tenido la necesidad de renovarse y de acabar con las prácticas corruptas, pero nos hemos encontrado con ciudadanos que, ante los engaños más flagrantes, optaban por mirar a otro lado.

Por eso la culpa no es solo de los partidos por mentirnos; nosotros también tenemos nuestro grado de responsabilidad al haberlo consentido. Resulta increíblemente fácil y muy propio de nosotros el pensar que la culpa siempre es del otro; como el catalán que dice que la culpa de todo la tiene "España" o el hombre de la Meseta que empieza a considerar "casta" hasta al peluquero de su barrio. Pocas veces o casi nunca entonamos el mea culpa y afirmamos, sin rubor alguno, que la culpa no fue del chachachá, sino nuestra por dejarnos engañar.