Desde que comenzara la crisis allá por 2007, las arcas públicas del estado español son las segundas que más impuestos ha dejado de recaudar dentro de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo le supera el estado de Israel. Y es que en lo que va de crisis, la recaudación fiscal ha caído en 3,8 puntos, quedándose en un 32,6%, porcentaje inferior al de la media de la OCDE, que tras subir 4 décimas está en un 34,1%.

Pese a esta sustancial bajada en la presión fiscal, lo cierto es que como señalaría Pascal Saint, máximo responsable de la fiscalidad en la OCDE, realmente "la ciudadanía no lo percibe así", ya que al ciudadano medio se le han aumentado los tipos impositivos, pero no se ha incrementado la recaudación, sino todo lo contrario.

Sin lugar a dudas esto pondría de manifiesto que en España, se han tomado medidas que a la vez que se le suben los impuestos a la "clase media", se le bajan a las grandes fortunas, de tal manera que la recaudación es menor que antes de que se hicieran estos ajustes. Pero si esto es lo que ha pasado hasta ahora, la cosa no parece que vaya a mejorar, puesto que los dos candidatos para las próximas elecciones presidenciales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rossel y Antonio Garamendi, lucharán para que las grandes empresas paguen menos "impuestos en general", con el objetivo de "hacer nuestra economía más competitiva", como ha dicho Rossel, el actual presidente de la CEOE y candidato a la próximas elecciones que se celebrarán el día 17 de diciembre. Desde luego no le falta razón al señor Rossel, pues está claro que, con estas políticas su economía y la de sus amigos serán más fuertes.

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Y qué se puede esperar si se bajan los impuestos a las grandes empresas, pues que se recaude aún menos, y qué pasa si se recauda menos, pues que habrá más recortes. Por lo que por un lado las grandes empresas, que son las que más se benefician de las luchas de la CEOE, cada vez tienen un país más competitivo del cual sacan más beneficios, y por otro, el estado tiene menos beneficios que repercuten en un déficit en la atención en los derechos de los ciudadanos.

Ahora lo que me pregunto es, si para que la economía de un país sea más competitiva, es necesario hacer que el estado sólo lo mantengan los cada vez más empobrecidos ciudadanos, tal vez tener una economía competitiva sea incompatible con tener un estado del bienestar. Claro que de ser así, habría que preguntarse si la mayoría de los ciudadanos que componen un estado salen beneficiados con una economía competitiva, y si la respuesta no es afirmativa, cabría preguntarse, quién se beneficia de una economía competitiva y quién sale perjudicado y si en la respuesta es una minoría la que sale beneficiada, realmente se podría pensar que hacer una economía competitiva es convertir los estados democráticos en estados anti-democráticos.