Tras la última noticia referente al mundo judicial en nuestro país, da la sensación que los tribunales españoles se han convertido en un tablero, como si de un gigantesco juego de mesa se tratara, donde los jueces son meras fichas que los poderes políticos mueven a su gusto y antojo, hasta el punto que no dudan en "comerse" una ficha y recurrir al juego sucio, si creen que pueden perder la partida. Lo que llama poderosamente la atención es que los mismos que se llenan la boca defendiendo la independencia del poder judicial en España son, curiosamente, los que participan en ese juego y, además, haciendo trampas.

Ya han pasado cinco años desde aquel 6 de febrero de 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció en la Audiencia Nacional una supuesta trama de corrupción que operaba principalmente en Madrid y Valencia, y que conocemos con el nombre de "El caso Gurtel". Una trama, cuyos implicados eran cargos y dirigentes del PP, y empresarios íntimamente relacionados con el partido, todos ellos, en la actualidad, acusados (no juzgados) de fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

Y en estos mil ochocientos veinticinco días de instrucción, los 7 magistrados que han instruido el caso, curioso dato también, por unos u otros motivos y si no existían había que buscarlos, han sufrido el oprobio público y el descrédito profesional, especialmente, desde el Partido Popular, demasiado implicado en la calificada ya como la mayor trama de corrupción de toda nuestra historia democrática reciente.

Garzón, Pedreira, Gómez Bermúdez, Carmona, Monterde, y el último, Ruz. Seis apellidos de seis magistrados, seis profesionales de la justicia, que han visto cómo el Poder Ejecutivo y las indecentes maniobras políticas en pos de sus espurios intereses les han amordazado, les han cercenado como juristas, impidiéndoles hacer su trabajo y desacreditándoles ante la sociedad y entre sus propios colegas.

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Cuando en un país supuestamente democrático una de las principales instituciones como la judicatura no goza de absoluta libertad e independencia para actuar, entonces, amigos lectores, algo falla. Algo no funciona bien. No podemos, ni debemos permitir que políticos, banqueros y empresarios se crean con el poder de controlarlo todo, incluida la justicia. Los magistrados no pueden ser simples fichas de un juego de mesa que se colocan en la casilla que más conviene cuando conviene. No existe justicia a la carta. Solo justicia. Y se supone que ésta deber ser justa e igual para todos.