Nadezhda Tolokonnikova (Norilsk, 1989) y Maria Alyokhina (Moscú, 1988) fueron condenadas en el 2012 a dos años de prisión. Su encarcelamiento fue debido a que su banda, Pussy Riot, realizó un concierto improvisado en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Fueron arrestadas y culpadas de vandalismo junto a una tercera integrante.

Estóicas, Tolokonnikova y Alyokhina no solo permanecieron en la cárcel, sino que denunciaron malos tratos mientras estaban bajo custodia e incluso fueron trasladadas a un penal en Mordovia bajo condiciones infrahumanas. Putin fue implacable con ellas y hasta la misma Iglesia Ortodoxa Rusa pidió clemencia por el par de jóvenes mujeres.

Cualquiera que apoyase a la pareja fue golpeado y arrestado. Ni la presión internacional logró que Putin las dejase en libertad, salvo cuando él mismo quiso.

Fueron puestas en libertas al término de su condena pero no desaparecieron en el anonimato pese a las amenazas de las altas esferas rusas. Por el contrario, han regresado y aún más fuertes. Ahora estrenan el video "Chaika", donde disparan directamente contra la élite rusa y su continua corrupción. Los dardos van directamente contra el fiscal general de Rusia Yuri Chaika, envuelto en una investigación que lo implica en negocios turbios de sus dos hijos.

Las Pussy Riot se ensañan con Chaika porque fue precisamente el fiscal quien organizó la maquinaria judicial para encerrarlas.

El video de "Chaika" a menos de veinticuatro horas de ser estrenado en Youtube ya suma más de 700.000 visitas y sigue subiendo.

La primera frase de la canción hace referencia a Artiom Chaika, hijo del fiscal, un empresario que según la oposición ha prosperado gracias a la posición de su padre. Es copropietario de un hotel de lujo en Grecia en sociedad con la exesposa del fiscal general adjunto Guennadi Lopátina.

Una investigación del Fondo de Lucha contra la Corrupción señala que Lopátina tenía una empresa con las esposas de Viacheslav Tsepoviaz y Serguei Tsapok, ambos miembros de una banda criminal que en el 2010 fueron condenados a veinte años de prisión por el asesinato de doce personas, entre ellos cuatro niños.

Según la FLC tienen pruebas suficientes para procesar y destituir a toda la jefatura de la Fiscalía General de Rusia.

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