Abogados hispanovenezolanos, habiendo visto la gran cantidad de rumores que han surgido por la muy triste situación que están atravesando los estudiantes venezolanos que se encuentran en España con visado de estudiante, se ven en la obligación de manifestar su opinión sobre las realidades del estatus migratorio de este colectivo.

Teorizando un poco, el visado de estudiantes es la autorización administrativa mediante la cual se permite la permanencia de un extranjero en España para cursar estudios y obtener un título, por un plazo mayor a 90 días, sin desempeñar actividad laboral que por sí sola sirva para mantenerse y cuya renovación estará sujeta siempre a que dichos estudios se realicen de forma efectiva.

A efectos prácticos, esto significa que la autorización de estadía en España termina el día que el carnet de cada uno señale, pero que en ninguno de los casos es superior a un año. ¿Entonces?

Resulta obvio que todos pueden permanecer en España durante la vigencia de su autorización, de la misma forma que es obvio que para permanecer de forma legal en territorio español deberán renovarla, y que, para ello, deberán probar haber realizado la actividad educativa correspondiente. De nuevo, ¿y entonces?

Como lo dijimos, el visado no autoriza a trabajar. Aún cuando haya llegado a convertirse en leyenda urbana, la conversión de estancia a residencia lucrativa por cuenta ajena no existe. ¿Y entonces? 
El Derecho de Extranjería en España es estricto al respecto. Si no se prueba haber realizado la actividad educativa, no se aprobará la renovación.

A partir de ese momento, el estudiante y todos aquellos amparados por ese visado quedan en situación irregular en España.

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No hay otra forma de decirlo. No pueden trabajar. No están amparados por la Seguridad Social.  Conocemos perfectamente la situación de nuestra Venezuela. Sabemos que "p'atrás" ni "p'a" coger impulso, así que es la hora de marcar opciones y decir verdades.

El irregular en España, como en cualquier país avanzado, es una nopersona. No tiene derechos. Basta que te pillen en un control ordinario de la Policía, o de la Guardia Civil, para que des con tu humanidad en el calabozo local. Ojo, que no decimos que estés metido en rollos raros, sino que simplemente te pararon, te pusiste nervioso, y te dijeron: "Caballero (como señorita, o señora), por favor su documentación". Y comienza Cristo a padecer, con expediente de expulsión, convertible a multa de 501 € dependiendo de quienes te pillen.

El único derecho que tienes es que, una vez transcurridos tres años, contados a partir de su estadía en España, puedas solicitar tu residencia por arraigo social. Pero esa es otra historia. Sabemos que la necesidad tiene cara de perro, pero no caigas: los venezolanos tenemos mucho más que eso.