Pedro Farré era uno de los martillos de la SGAE contra el intercambio libre de ficheros. Todavía se recuerda su comparecencia en la Campus Party de 2004 y sus virulentos intercambios de opiniones con el abogado David Bravo, experto en propiedad intelectual y derecho informático. Ya por entonces, los que los seguimos pudimos contemplar los modos chulescos de Farré y su talante despreciativo.

No fue sorpresa para nadie que le conociese que terminase condenado a penas de cárcel esta misma semana, por la Audiencia Provincial. La Sentencia declaró probado que Farré se gastó casi 40.000 euros de las remuneraciones de los autores a los que decía defender, para gastarlos en su solaz y deleite particular en prostíbulos, salas de fiesta y hoteles donde el directivo de la SGAE, procedía al "agasajo corporativo de terceros" y "acercaba puentes" entre el organismo y los "entornos" que consideraba de interés.

Es decir, el local Private y otros, donde según testigos hacía su entrada a las cinco de la tarde y se marchaba doce horas después tras haber consumido champán a discreción con distintas chicas que iban pasando por el "camerino" que alquilaba.

Farré manifestó ante el tribunal que puesto que en esos locales se reproducía Música, era "su deber profesional" acercarse a hacer labores de control, algo que sin duda honra su compromiso con la SGAE y ensalza su capacidad de trabajo y sacrificio. Tales argumentos, sin embargo, no fueron comprendidos por el Tribunal que le ha condenado a penas de prisión.

Pero tras esta condena, la SGAE ha recibido esta semana una noticia aún más devastadora. Se trata de la declaración del Tribunal de la Competencia de que su práctica de cobrar el 10% de las entradas de los Conciertos era abusiva e ilegal.

Esta práctica, además, se ejercía de un modo absolutamente desproporcionado. El 10% se pretendía cobrar igual incluso aunque los músicos actuantes no fuesen socios de la SGAE, ni tuvieran sus canciones registradas, y aún incluso teniéndolos con licencias gratuitas o de Creative Commons. De igual modo, la SGAE enviaba facturas a organismos públicos exigiéndoles el 10% de espectáculos de los que se enteraba por medio de la prensa.

¿Cómo calculaba entonces la venta de entradas? Fácil. Daba por hecho de que se llenaban. Al cabo, las facturas a Ayuntamientos consistían no en el 10% de lo recaudado, sino en el 10% del aforo. Puesto que a veces estas instituciones ponen precios simbólicos, haciéndose cargo de la mayoría del gasto de contratación, la SGAE imponía siempre unos mínimos que superaban en muchas ocasiones el total de lo recaudado ese día.

Los agentes de la SGAE reclamaban en conciertos benéficos o en otros de pequeño formato, en bares pequeños con entradas y recaudaciones ínfimas, lo que suponía a veces un obstáculo insalvable y en la práctica ha conseguido que muchos de estos locales renuncien a programar música.

Estas y otras prácticas le han supuesto una multa de 3,1 millones de euros que pondrá de una vez fin a un comportamiento injusto y arbitrario que le había granjeado la franca hostilidad de los promotores de público y promotores de conciertos.

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