El Gobierno intentó, este jueves pasado, cambiar la ley del aborto. Esta ley fue aprobada por Jose Luis Rodríguez Zapatero durante su presidencia en la pasada legislatura. Cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia ya intentó realizar una reforma en la ley del aborto pero desistió, "aparcándola" pues le costó la dimisión del entonces Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

La nueva reforma que intentaba introducir Rajoy consistía en rectificar el articulo dedicado a la edad.

Pretendía que la nueva ley exigiera a las jóvenes de 16 y 17 años tener el consentimiento de sus progenitores para poder realizar la interrupción, introduciendo un articulo basado en la ley de protección a la infancia que no tiene nada que ver con la ley del aborto.

El Consejo de Estado anunció que el PP había realizado un cambio en el texto del articulo que regula quien debe dar la autorización final en las interrupciones a las adolescentes.

La normativa actual reconoce el consentimiento de las jóvenes mayores de 16 años o las menores de esa edad que demuestren que están emancipadas y con la nueva ley se pretende que el consentimiento sea otorgado, en ambos caso, por los padres o tutores legales.

En la ley ratificada en 2010 se admitió que las adolescentes de 16 y 17 años tenían el mismo derecho a realizar la intervención en la mismas condiciones que el resto de mujeres.

No están obligadas a notificarlo a la familia si, ademas, hacerlo conlleva crear un conflicto importante. El único requisito que se exige es que obtengan el consentimiento del médico que ha de realizar la interrupción.

El informe que remitió el Consejo de Estado al gobierno, el pasado jueves, señalaba que la modificación del texto del articulo no tendrá ningún efecto sobre la ley actual ya que se ha tramitado a través de una ley ordinaria.

Este tipo de leyes no pueden , bajo ningún concepto, cancelar o modificar una ley superior y la interrupción voluntaria del embarazo es una ley orgánica.

Ademas, el documento enviado, censura al gobierno por intentar incluir esta reforma en el articulo de la ley del aborto cuando ya había sido revisado y aprobado por las Comunidades Autónomas y había dado el visto bueno el Consejo Económico y Social, pretendiendo introducirlo de una forma poco ortodoxa.

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