Después del "affaire" Monago, cuando se destapó públicamente que sus viajes a Canarias para encontrarse con su compañera de partido, la colombiana Olga María Henao, con la que ha mantenido una relación sentimental durante dos años y medio según la propia empresaria popular, fueron pagados con dinero público, se ha levantado una polvareda importante que ha llevado a que se presente una propuesta para modificar la ley de transparencia. Lo más normal del mundo habría sido que se hubiera aprobado con una mayoría absoluta aplastante, puesto que estamos, o eso dicen, en una democracia y, por tanto, la transparencia total y absoluta debería ser, desde hace años, algo completamente habitual en todos los representantes políticos y altos cargos relacionados con el poder.

En el Reino Unido se pueden consultar todos, absolutamente todos los gastos que tienen sus políticos, desde hipotecas contraídas, compras de automóviles, uso de tarjetas de crédito y hasta lo que pagan por las copas que se tomen en el bar de la lado de su casa. Eso, señores, es transparencia total. Así todos los ciudadanos saben en todo momento dónde va el dinero que pagan a través de sus impuestos, directos e indirectos, y pueden diferenciar entre lo que es lógico y normal y lo que se pudiera catalogar como uso ilegal de fondos públicos para gastos personales, para los que no deberían desviare ni un sólo céntimo.

Y ese es el ejemplo que debería seguir nuestro país para empezar a considerarse un poco menos corrupto de lo que ya se ha convertido, uno de los países más corruptos del mundo, que hasta ha llegado a pedirle a la UE, con toda la cara del mundo, que no investigue los casos de corrupción de la Comunidad Valenciana.

Pero, a pesar de que la lógica no deja lugar a dudas de los pasos que se deberían seguir, los partidos mayoritarios españoles, los omnipotentes PP y PSOE, se han desmarcado de esa lógica y, por mucho que el secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez, haya afirmado por activa y por pasiva que no va a aliarse con el PP bajo ningún concepto, excepto para casos concretos que afecten gravemente a la nación española, en la primera ocasión que ha tenido para demostrarle al mundo que sus palabras son creíbles, ha dejado que se le escape entre los dedos la poca credibilidad que le quedaba al votar en contra de esa transparencia que el resto de partidos reclamaban.

Hoy, en el Congreso de Diputados, los representantes populares y socialistas se han unido para impedir que la población tenga acceso a los motivos y lugares donde van a viajar los políticos con cargo al erario público, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Un acto más que nos deja frente al mundo como un país que no se merece estar entre los componentes de la Unión Europea por su mala gestión y el grado de corrupción que tenemos, que si ya en diciembre de 2012 alcanzaba el puesto 30 en el ranking de los 176 países analizados según el grado de percepción de la corrupción en el sector público, dos años después ha escalado varios puestos gracias a los más de 360 políticos y altos cargos implicados en este tipo de casos, siendo un 80% de ellos de los partidos mayoritarios PP y PSOE.

Y aún falta un año para que lleguen las próximas elecciones generales...

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