Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha presentado esta tarde en Madrid el primer borrador de su programa económico, que el partido encargó el pasado mes de octubre a los economistas Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. El borrador, que estará disponible a partir de las 10:30 de mañana viernes en la web de la formación política, sentará la base del programa que llevarán a las próximas elecciones generales.

Según manifestó Pablo Iglesias, el documento, que tendrá que ser después debatido y votado, recoge un programa realista y pragmático, que marca una estrategia para actuar contra la crisis, y a partir de él se establecerá el diálogo con todos los actores sociales implicados.

Los dos economistas, considerados "los mejores" por el líder de Podemos, han señalado la desigualdad como causa última de la crisis económica, y consideran sus propuestas de corte socialdemócrata, tomando como modelo los países nórdicos.

Dicho documento, denominado Un proyecto económico para la gente, recoge diversas medidas. En primer lugar, consideran que el acceso al crédito es un derecho básico, y que resulta un escándalo que se haya rescatado a la banca y no haya crédito. Para ello proponen modificar el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para que actúe como una banca pública, que pueda recibir préstamos del BCE (Banco Central Europeo) en las mismas condiciones que la banca privada, y hacer llegar ese crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas.

Con respecto a la deuda pública, la propuesta es renegociar con los mercados y las autoridades europeas para flexibilizar el pago y evitar una quita desordenada que traería problemas a nuestro país, junto con una auditoría para conocer el origen de la deuda y depurar responsabilidades.

Otra de las medidas es rebajar de nuevo la edad de jubilación a los 65 años.

Aseguran que la sostenibilidad del sistema de pensiones no tiene que ver con la coyuntura demográfica, sino con la calidad y eficacia del mercado laboral y el aumento de los salarios. Consideran necesario igualmente el aumento del gasto público en infraestructuras sociales, que es una fuente de empleo. Proponen una jornada laboral de 35 horas semanales, y la eliminación de los incentivos para la contratación a tiempo parcial.

Para potenciar la integración de la mujer en el mercado laboral, proponen también la creación de escuelas infantiles que les ayuden a compaginar vida laboral y familiar.

La polémica renta básica universal, una de sus medidas estrella, queda configurada como una renta vitalicia para todas aquellas personas sin ingresos y que no tengan posibilidad de obtenerlos a través del mercado laboral, es decir, una red de protección básica. También está en su intención determinar un salario máximo, aunque no se ha concretado.

Por último, destacar las medidas contra la corrupción y el fraude fiscal, con la creación de una agencia nacional antifraude, la concesión a la Agencia Tributaria de capacidad para perseguir delitos de blanqueo de capitales y el control de las entidades bancarias con sede en paraísos fiscales, retirándoles la autorización para operar en España si fuera necesario.

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