En su debut como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante todos los delegados del Congreso garantizó todo un bloque de medidas para renovar las leyes pero todo quedó en "agua de borrajas", de hecho, ni siquiera han sido debatidas en el Consejo de Ministros. Simplemente, no pasaron de la primera propuesta realizada en las Cortes por lo que será prácticamente imposible que se acepten en lo que les queda de legislatura.

Esta semana, el presidente del PP se reunirá en el Congreso para exponer, por tercera vez en su legislatura, las mismas propuestas que hiciera en febrero de 2013. Presionando, principalmente, en las que regirán la financiación de los partidos y las que controlarán la actuación de altos cargos. Desde febrero de este año, las leyes están en el Parlamento pendientes de debatir,  ya que habían sido bloqueadas por el mismo partido.

Una de las leyes que ya se propuso en 2013 fue el Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos y un estatuto para regular los Cargos Públicos. Estas leyes supondrán nuevas obligaciones para los partidos, que tendrán la imposición de responder a unas normas ineludibles de transparencia en sus cuentas, y para todas las personas que desempeñen algún cargo político, pues tendrán la imposición de realizar las declaraciones tributarias donde informen tanto de los bienes como de las actividades que ejerzan a cargo del partido.

Otra de sus promesas fue modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La idea era mejorarla para que se pudiera actuar con más rapidez ante los individuos que cometan delitos de cualquier índole. Así mismo, la intención es que los infractores vean la lentitud de la Ley como una forma de impunidad o por el contrario, aquellos que no han cometido delito alguno tengan que soportar una condena mediática hasta la demostración de su inocencia.

A día de hoy, no se han aprobado ni esas leyes ni otras que hay pendientes. El PP intentó pactar con otros partidos para aprobarlas pero se negaron por no estar de acuerdo con algunas reformas. Rajoy anunció, a finales de agosto, que se daba un plazo de dos meses para negociar las reformas de la Ley y en el mes de noviembre gestionar su aprobación, cosa que, estamos entrando en diciembre y no ha hecho nada de lo que prometió.

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