El Tribunal Superior, este viernes pasado, ha presentado querella contra Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las acusaciones que pesan sobre él son: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo que se celebró el 9 de noviembre. La vicepresidenta Joana Ortega y la Consellera de Educación, Irene Rigau, también han sido imputadas con los mismos cargos.

El TSJC emprenderá el proceso habitual que consiste en designar una sala de admisión formada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dos magistrados. Este comité será el encargado de dictar una resolución para admitir a trámite la querella o desestimarla. En el caso de que se admita la demanda, uno de los magistrados ejercerá de instructor y comenzará la "instrucción del caso" iniciando las investigaciones y tramites que se requieran.

En la demanda, la Fiscalía, culpa a Artur Mas de actuar con ilegalidad al desobedecer el mandato del Tribunal Constitucional de anular el proceso participativo del 9N. Se le acusa de que antepuso su propia perspectiva partidista de la situación y no ejerció su autoridad, como presidente de la Generalitat, de forma objetiva y acorde con los derechos y deberes que supone su cargo.

Otra de las acusaciones que recae sobre Joana Ortega es la elaboración de las urnas y las papeletas que se realizaron mediante un acuerdo entre la vicepresidenta y el CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción) que se realizaron por presos catalanes.

Las elaboraron en jornadas voluntarias que comprendían un horario de hasta 12 horas diarias. Consiguió fabricar las seis mil papeletas necesarias para el 9N así como las urnas imprescindibles para las mesas electorales.

En cuanto a la "consellera" de educación, Irene Rigau, se le acusa de realizar reuniones con los directores de colegios públicos para ofrecerles que participaran en el desarrollo del evento previsto para el 9N.

Solicitándoles que cedieran sus centros para la instalación de las urnas. La querella se concentrara en las acusaciones de prevaricación y desobediencia ya que los otros cargos de malversación y usurpación de funciones no se confirman la viabilidad y podrían desestimarse.

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