Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, no emprenderá ninguna acción ni hará ninguna réplica que pueda interpretarse como un enfrentamiento hacía el proceso participativo que celebró la Generalitat el pasado día 9 de noviembre. En más de una ocasión, e incluso en el parlamento, Rajoy ya había anunciado que no habría ninguna respuesta por su parte después del 9N.

Rajoy insiste en que, en su momento, ya advirtió que la ejecución del proceso participativo, al no suponer ningún beneficio ni utilidad, no iba a pronunciarse, ni a dar ningún paso después de su celebración.

Declaró que continuaría con su agenda, y al igual que actúa en cualquier otra comunidad, tiene previsto escuchar las 23 propuestas presentadas en julio de este año por el presidente de la generalitat, Artur Mas, exactamente igual que antes de la celebración del 9N.

Los que sí se pronunciaron fueron el ministro de justicia, Rafael Catalá y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. El Ministro declaró públicamente, a última hora de la tarde del domingo, que la celebración del proceso del 9N había sido una farsa sin validez democrática.

Ha sido la justicia quien ha respondido ante la celebración del domingo abriendo una investigación para asegurarse que la actuación de la Generalitat y de su presidente Artur Mas estaban dentro de la ley.

Cospedal, por su parte, hizo declaraciones claramente más duras con respecto al 9N. Su actitud frente al proceso es más crítica y firme, con el claro objetivo de detener el creciente enojo que se palpa entre los militantes del PP.

Al parecer se sienten descontentos ante la pasividad de su dirigente frente a la provocación del presidente de la Generalitat.

Cayetana Alvarez de Toledo, diputada del PP, se opone rotundamente al proceso soberanista. Ante la actitud de Rajoy, después del 9N, ha publicado, en una red social, que se siente totalmente desamparada frente al silencio del gobierno. Para minimizar estas sensaciones, Esteban González, vicesecretario de Estudios y Programas, declaró, en televisión española, que el Presidente lo que esperaba es que Artur Mas recibiera una notificación de la Fiscalía.

Considera que utilizar fondos públicos para una manifestación política es un delito.

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