Las obras del Bulevar de Gamonal aún traen problemas. Después de un concurso "sospechoso" según el PSOE, un inicio de obra inesperado por los vecinos, las revueltas y la paralización definitiva por el alcalde Lacalle; las constructoras piden una indemnización.

Según fuentes del Ayuntamiento, ya se recoge una partida el el capítulo de Fomento de los Presupuestos de 2015 de más de 300.000 euros, que serían destinados a indemnizar a las constructoras.

Parte de ese dinero se empleará para el pago en especia a las adjudicatarias, concediéndoles obras en distintas zonas de la ciudad.

COPSA y Aroasa eran las constructoras que ganaron el concurso de adjudicación, y MGB, propiedad del señor Méndez Pozo, se encargó del diseño y de la dirección de la obra. Estas mismas empresas comunicaron a la UTE el fin de obra por los disturbios y la negativa ciudadana, que les impedía continuar con el levantamiento de la calzada.

El Ayuntamiento utilizó este argumento para lograr una renuncia, pero la UTA aseguró que no le competía a las adjudicatarias garantizar el orden público ni evitar el vandalismo, por lo que el acuerdo no fue posible.

La Ley de Contratos del Sector Público estipula que corresponde indemnizar con un 6% de la obra no ejecutada, por lo que el 19% de los gastos generales, el 21% de IVA y el beneficio industrial no estarían recogidos en el cómputo.

El Ayuntamiento calcula que deberá pagar 150.000 euros. En contraposición, las empresas adjudicatarias calculan que la suma asciende a 430.000 euros. Esta diferencia en el cálculo se debe a que el Ayuntamiento no entiende como deuda propia la no construcción del parking, que tenía un coste de 5 millones, pues creen que esta obra dependía de la comercialización de las plazas de garaje, estipulando la obra no ejecutada en 6,4 millones de euros.

El Ayuntamiento está intentando llegar a un nuevo acuerdo con COPSA y Aroasa, cuyo importe sería de 100.000 euros, más el pago de las obras que ya están realizando dichas constructoras en la ciudad. Se esperan reacciones en contra del pago por parte de los partidos de la oposición y de las asociaciones de vecinos, al considerar que el concurso no cumplió con los requisitos legales estipulados por la Ley. 

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