El pasado 18 de febrero de 2013 se reunió un gran grupo de activistas de la Plataforma STOP Desahucios y demás ciudadanos comprometidos para evitar el desahucio de la señora Aurelia Rey, de 85 años, que llevaba 30 viviendo en su domicilio, por haberse retrasado en el pago de dos meses de alquiler (uno en 1999 y otro en 2011).

Con el fin de evitar el desalojo se colocó una cadena en el portal del número 9 de la calle Padre Feijóo de A Coruña, que la policía ordenó al bombero Roberto Rivas cortar.

Él se negó y acto seguido cogió un papel con el lema de STOP Desahucios y abandonó el lugar, como es lógico, entre vítores de los allí presentes.

Estos hechos condujeron a que Rivas fuera sancionado por la Subdelegación del Gobierno con una multa de 600 euros "por infracción administrativa" y "provocación de reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana". Ante esta sanción, el bombero presentó un recurso el pasado 4 de septiembre, siendo recibido como un héroe por un centenar de personas a las puertas del juzgado, entre los que estaban compañeros del Cuerpo de Bomberos de A Coruña y miembros de la plataforma STOP Desahucios.

En la vista declararon periodistas que habían presenciado los hechos, y aseguraron que "nadie se abalanzó sobre la Policía ni hubo altercados" en el momento en que el bombero adoptó la decisión de no cortar la cadena y cogió un papel con el lema de STOP Desahucios. Rivas afirmó que la Policía cambió su versión de los hechos para acusarle, algo que el juzgado reconoció en el proceso contra el portavoz del BNG Francisco Jorquera, por participar en la movilización contra el mismo desahucio.

Roberto Rivas ha afirmado que lo volvería a hacer, y ha añadido: "los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios; accedimos al trabajo para hacer unas determinadas labores, pero entre ellas no está echar a la gente de sus casas". También ha aprovechado para denunciar públicamente "el terrorismo instaurado por los gobiernos" con "algunas leyes", y ha señalado que "una cosa es la legalidad y otra la legitimidad".

Contra la sentencia podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de 15 días desde la notificación, no obstante el bombero ha descartado recurrir y señala que acatará la multa, pues aseguró no creer en un proceso judicial que ha descrito de "cobardía de principio a fin". "Nadie se atrevió a sancionarme por lo que hice, que no fue más que demostrar que los bomberos no estamos para echar a la gente de su casa. Por eso le dieron la vuelta con la alteración de las masas", según sus propias palabras.

Por su parte, el colectivo Stop Desahucios de A Coruña prepara ya una campaña de crowdfunding a través de internet con la que recaudar fondos para colaborar con el pago de la sanción de Rivas, pero también con las que han recibido muchos otros activistas o ciudadanos anónimos por colaborar en diversas protestas y concentraciones.

Afortunadamente, y gracias al trabajo incansable de la PAH, el desahucio de Aurelia quedó suspendido el 25 de febrero de 2013 tras alcanzar un acuerdo con los propietarios de la vivienda. El abogado, Antonio Vázquez, calificó la paralización del desalojo como "un hito muy importante frente a una ley manifiestamente injusta" y que, por lo que le consta, es la primera vez en España "que con una sentencia en firme en trámite de ejecución hay una paralización".

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