El gobierno español pone en marcha la impugnación del nueve 9-N para aprobarlo en el próximo consejo de ministros. Rajoy ha pedido el informe previo de las actuaciones que quiere poner en marcha la Generalitat para celebrar el "proceso de participación ciudadana" para su impugnación ante el TC. El presidente ha pedido que sea enviado "con carácter de urgencia" para poder autorizar el acuerdo de impugnación en el consejo de este viernes.

Rajoy asegura que Mas pretende sustituir un proceso ilegal por uno todavía más antidemocrático descargando la responsabilidad de la consulta sobre los ciudadanos.

La impugnación podría forzar al Tribunal Constitucional a hacer una nueva reunión extraordinaria, como la convocada para aprobar, en sólo unas horas, el recurso de Mariano Rajoy contra el decreto que convocaba la consulta original y la Ley de consultas en que se basaba.

El TC no tiene convocado pleno esta semana, sino la semana que viene, que se hará los días 4, 5 y 6 de noviembre, pero cae tan sólo a cuatro días del 9-N alternativo.

La vice-presidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que el gobierno considera la consulta alternativa contraria a la constitución y que perjudica los derechos de los catalanes, puesto que no tiene una garantía democrática.

Ha dicho que su obligación es hacer que se cumpla la ley y ello implica proteger los derechos de los ciudadanos.

Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, ha advertido que si el gobierno central impugna también la consulta alternativa ante el TC, se situará "al margen de la ley". Es más que probable que ese recurso se cursará, puesto que el ejecutivo central ha pedido el informe preceptivo al Consejo de Estado, aunque no ha desvelado si Artur Mas seguirá o no con el proceso.

Homs ha hecho varias alusiones despectivas hacia el ejecutivo, hablando de las declaraciones de miembros del gobierno desde que Mas diera marcha atrás en su voluntad de conducir la consulta según el decreto oficial y reconvertirla en un proceso participativo sin censo, sin garantías legales y organizado por voluntarios. Rajoy dijo hace dos semanas que era una excelente noticia, y la vicepresidenta del Gobierno decía: "No sé lo que tiene el señor Mas en la cabeza, pero ya no es un referéndum o consulta".

Una semana más tarde, Sáenz de Santamaría indicó que "el proceso no tiene garantías democráticas", pero no consideraba que fuera ilegal. Este domingo Rajoy afirmaba que se estaba haciendo un acto mezquino. Y el lunes se dio a conocer un comunicado que da inicio a los trámites para impugnar el 9-N. Homs agregó que "esta secuencia pone de manifiesto que lo que hacen no tiene nada que ver con el Estado de derecho, sino que es una posición partidista al margen de la ley", y que todo esto está generando un gran desconcierto, y que el Gobierno español se está metiendo en un gran lío con todo esto.

Nada tiene que ver la legalidad o el derecho, su posición es de obstrucción frente a la voluntad de la mayoría del pueblo catalán.

Homs dijo confiar en que el TC no actuará contra el proceso participativo: "¿Qué prohibirá? ¿Dirá que los funcionarios, por la razón de ser funcionarios, no pueden ser voluntarios? Nos parecería ridículo", dijo tras calificar de irresponsable al gobierno, negándose a contemplar la posibilidad de que la consulta alternativa pueda ser suspendida. "No se puede prohibir lo que no se hace", ha dicho, aclarando que la Generalitat no ha escrito ninguno de sus pasos para convocarla. En el último encuentro del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, donde los líderes de CiU, ERC, ICV y la CUP se sentaron en la misma mesa, se acordó que sus representantes volverían a reunirse si el TC suspendía la alternativa de consulta propuesto por Mas. "Habrá urnas", aunque tampoco han aclarado si las sacará finalmente a la calle como pide ERC.

Rafael Catalá, nuevo ministro de Justicia después de la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho en una entrevista en Los Desayunos de TVE que el Gobierno estudiará el registro de datos personales creado por la Generalitat para quienes quieran votar el 9N y que lo impugnará si llega a la conclusión de que se trata de un censo alternativo relacionado con una consulta que está suspendida por el Tribunal Constitucional. Catalá ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá de cerca todas las decisiones de la Generalitat e impugnará todas las que puedan ser contrarias al marco jurídico, como ha hecho hasta ahora, para así seguir garantizando el Estado de derecho.

La semana pasada el Tribunal Constitucional trasladó al Gobierno las alegaciones presentadas por la Generalitat y el Parlamento catalán, solicitando que no se suspenda la consulta mientras el TC resuelve el recurso presentado por el Ejecutivo central. La respuesta de la Abogacía del Estado ha sido mantener la petición de suspensión de la ley de consultas así como de la convocatoria de un referéndum para el 9N, ya que considera que "el daño que se generaría sería mucho mayor si no hubiese suspensión". Ha reconocido que es difícil que el TC emita sentencia en las semanas que quedan para el 9N, puesto que es un asunto complejo y están en juego fundamentos de la Constitución como la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.

Anna Simó, portavoz de ERC ha pedido a Artur Mas que sea fiel al compromiso contraído de celebrar el proceso participativo el 9N aunque lo impugne el gobierno, que insiste en que la Generalitat no puede organizar un acto equivalente al suspendido por el TC. A pesar de las amenazas de impugnación, los preparativos para el 9N siguen su rumbo establecido; ERC, CDC y UDC iniciarán esta semana actos por separado y el Govern ya ha cerrado el plazo para reunir voluntarios con 38.706 inscritos, casi el doble de los 20.000 solicitados, a la vez que ha abierto dos puntos más donde poder votar: Andorra la Vella y Perpiñán.

Por otra parte, Societat Civil Catalana, avisa que los directores y profesores de los centros públicos en los que se van instalar las urnas están preocupados e inquietos, y les ha recomendado no realizar actuación alguna si no existe una orden clara "por escrito" por parte de la Generalitat.

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