Según documentos secretos que ha desvelado el periódico "Público", la España de la transición, capitaneada por Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos, tendió lazos de amistad, colaboración y apoyo con la sangrienta dictadura de Videla.

La naciente democracia española estableció excelentes relaciones con el régimen dictatorial argentino. Estas adoptaron la forma de acuerdos económicos millonarios y créditos preferentes, pero también de estrecha colaboración entre las policías y los cuerpos represores de ambos países y un intercambio fluido de homenajes, condecoraciones y medallas que tenían como destino las solapas de militares franquistas y torturadores argentinos.

Algunos de los que hoy cumplen condena por delitos de lesa humanidad y torturas en las cárceles del país sudamericano estaban adscritos a la embajada argentina en Madrid. Desde esta y sus consulados en otras ciudades se controlaba y perseguía al colectivo de refugiados argentinos que llegaron a España huyendo de la dictadura. El gobierno español que entonces presidía Adolfo Suárez no solo les abrió las puertas y entregó pasaportes sino que les dio toda clase de facilidades para desarrollar su siniestra ocupación llegando incluso a autorizarles a portar armas en territorio español, algo que hoy nos resulta inconcebible.

Ejército y policía de ambos países establecieron una relación casi de hermandad con un trasiego constante de militares y agentes para "cursar estudios" becados por los dos gobiernos.

Militares argentinos condenados posteriormente por torturas aprendieron técnicas en academias españolas y, del mismo modo, guardias civiles y policías españoles estuvieron becados en lugares tan siniestros como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los principales centros de tortura y asesinato del país.

La embajada española en Buenos Aires era "mi casa" para el dictador Videla. No es de extrañar pues recibió de manos del entonces rey Juan Carlos la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica. El Rey también medió para que inversores y banqueros españoles apoyaran económicamente a la dictadura.

Pero las distinciones se ampliaron a 23 militares argentinos más, algunos, como José Rogelio Villareal o Antonio Vañek, destacados golpistas o directores de campos de concentración. En amable correspondencia, el gobierno argentino también organizó pomposas ceremonias para condecorar a los militares españoles con más militancia franquista. Algunos incluso recibían caros obsequios. Tales fueron los casos de Milans del Bosch, condenado como organizador del golpe de estado del 23-F o Federico Gómez de Salazar, en cuya brillante hoja de servicios a la patria española consta su lucha codo a codo junto al ejército nazi, formando parte de la División Azul.

Algunos españoles "becados" en Argentina llevaron presuntamente más lejos sus estudios teóricos y también hicieron "prácticas".

Así, un testigo declaró ante Baltasar Garzón que Cristóbal Gil y Gil, comandante del CESID había participado activamente en la represión, concretamente como cómplice de varios secuestros. El comandante fue interrogado por el juez de la Audiencia Nacional cuando instruía la causa la desaparición de 600 españoles durante la dictadura argentina. A pesar de ser un alto cargo del Centro Superior de Inteligencia, el comandante no recordaba ni uno solo de los nombres de sus "anfitriones" en Argentina. Ni siquiera mejoró su memoria cuando el juez le mostró las fotos de algunos torturadores que dirigían el mismo centro donde cursó estudios, el fatídico ESMA. Aunque se calcula que solo en ese lugar de horror fueron torturadas más de 5000 personas, el militar español ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos.

Todo lo más, lo que calificó como "un enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideológicos dispares". Este enfrentamiento se saldó con 30000 personas asesinadas por terrorismo de estado.

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