"Estimada Presidenta del gobierno, estimado Presidente del Congreso Nacional: Les escribo para pedirles que..." así es como empieza la petición que Amnistía Internacional ha mandado en nombre de sus más de 28.442 firmantes a Dilma Rouseff, presidenta del gobierno de Brasil, y a Renan Calheiros, presidente del Congreso Nacional Brasileño. Bajo el lema "Yo firmo por los derechos humanos en #Brasil2014", la campaña reivindica que manifestarse no es un delito sino un derecho humano. Un derecho protegido tanto por constituciones nacionales como tratados y acuerdos internacionales y que, si se ejerce de forma pacífica, cualquier gobierno tiene la obligación de garantizar que no sea vulnerado.

Entre las premisas recogidas en la petición destaca la necesidad de que el gobierno brasileño garanticen los derechos constitucionales e internacionales a la libertad de expresión y a la reunión pacífica así como la seguridad de los manifestantes. En relación directa, Amnistía Internacional también recuerda la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de aplicar la ley y no usar la fuerza si no es estrictamente necesario y siempre utilizando las armas "menos letales". Y, sobre todo, la petición reivindica la obligación de implementar mecanismos efectivos de responsabilidad y transparencia en las investigaciones de todos los casos en los que haya heridos y/o muertes por el uso indebido de la fuerza, además de garantizar que los responsables serán sometidos a procesos disciplinarios o penales.

¿Y tú? ¿Todavía no le has sacado amarilla a Brasil?

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