Los agentes de la policía brasileña han levantado el último reducto del campamento de bolsonaristas en el cuartel general del Ejército en Brasilia con la detención de 1.200 personas. Aunque no sucedieron enfrentamientos durante la desocupación porque los que estaban acampados decidieron salir antes del último aviso de las autoridades encabezadas por el Ministro de Defensa, José Múcio, y el encargado de la Casa Civil, Rui Costa.

El asalto a los tres poderes provoca el desmantelamiento del campamento

Desde el campamento de bolsonaristas se gestó el asalto al Palacio Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal el pasado domingo.

El Gobierno de la capital ha fletado varios autobuses para el traslado de los detenidos a las dependencias de la Policía Federal donde serán interrogados.

Cabe recordar que el campamento fue instalado hace más de dos meses por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Además de las 1.200 personas, unas 300 fueron detenidas durante el asalto a los tres poderes del Estado de las cuales poco más de 200 permanecen en la cárcel. Las autoridades policiales han informado de la identificación de delitos relacionados a destrozos de bienes del Estado, golpe de Estado, robo y desórdenes públicos tras el episodio del pasado domingo.

Alexandre de Moraes ordena el desmantelamiento del campamento

El juez Alexandre de Moraes ordenó el cese temporal de Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal, y el levantamiento del campamento de bolsonaristas.

Previamente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó la intervención federal para asumir las competencias en asuntos de seguridad.

La decisión del juez Alexandre de Moraes se produjo después de que la noche el Ejército no permitiera la entrada de la Policía al campamento de bolsonaristas. El medio de comunicación O Globo ha informado que la negativa podría estar relacionada con que muchos acampados presuntamente eran familiares y amigos de los militares.

176 detenidos son traslados a dos cárceles

Cabe destacar que el juez Alexandre de Moraes fue uno de los objetivos de los bolsonaristas en el asalto a los tres poderes del Estado. El magistrado ordenó que los ocupantes de los campamentos fueran detenidos “por la práctica de diferentes crímenes”. Por otro lado, ante el gran número de detenidos y la falta de espacio en las dependencias policiales, unos 176 detenidos fueron trasladados a dos cárceles.

Los agentes antidisturbios emplearon gases lacrimógenos durante el asalto al Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo Federal. Al menos durante cuatro horas los manifestantes tenían el control de los tres poderes del Estado. Por eso, el presidente de Brasil anunció que asumió el control de los policías regionales hasta el próximo 31 de enero.