Suena bastante paradójico que sea el mismo país. Donde por un lado ingresa ayuda humanitaria para solventar la grave crisis que vive Venezuela y evitar que muera de hambre gran parte de la población, por otro salen varias toneladas de oro y miles de barriles de petróleo.
No hace falta ser un experto analista sociopolítico para evidenciar el fracaso de las medidas del gobierno socialista, liderado por Nicolás Maduro. La explotación del llamado Arco Minero del Orinoco ha ocasionado graves daños al ambiente y a las comunidades indígenas sin ofrecer beneficio alguno al pueblo venezolano.
La exportación de oro venezolano
Justamente el mismo día que llegaba al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el primer lote con ayuda humanitaria para los venezolanos, la agencia de noticias Bloomberg reseñaba que el país sudamericano exportaría 400 millones de dólares en oro, que presuntamente provenían de sus reservas internacionales.
Con esta exorbitante cifra, el Estado venezolano podría pagar varias veces la ayuda humanitaria que requiere el país. No obstante, al parecer los ingresos obtenidos por la venta del oro no están llegando a las arcas públicas nacionales, ni son sometidas a ningún tipo de control o escrutinio que permita dar fe del manejo de esos fondos. Fuentes extraoficiales informan que el oro venezolano está siendo vendido a empresas en Emiratos Árabes Unidos y Turquía, países que junto a Rusia se han constituido en los aliados de Maduro.
Muchas riquezas naturales
Cabe destacar que una extensión de 111.800 kilómetros cuadrados que representan 12% de la totalidad del territorio venezolano posee incalculables reservas de oro distribuidas en parte de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Además, según estimaciones oficiales, esta zona bautizada por Maduro en febrero del 2016 como el Arco Minero del Orinoco, es rica en diamante, coltán, cobre, hierro y bauxita.
La región ha sido abierta por el régimen para ser explotada por empresas transnacionales, fundamentándose en una ley que no ha sido sancionada por la Asamblea Nacional.
Un fuerte impacto ambiental
Además de la ilegalidad de la explotación del llamado Arco Minero del Orinoco, ha sido fuertemente criticado el impacto ambiental que acarrea este proyecto.
Al respecto, Alexander Luzardo quien fuera miembro de la Constituyente del año 1999, señaló que el turismo en la región podría traer muchos más beneficios económicos, sin la degradación del ambiente inherente a la explotación minera.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) señala que la explotación del Arco Minero afecta los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona y que esta política desarrollista deja de lado la vida y la naturaleza. En su cuenta Twitter, PROVEA asegura que estas acciones atentan contra un ambiente sano.
Sin embargo, ni ese potencial turístico, ni el “boom” petrolero que ha vivido la nación caribeña durante los últimos años de la revolución socialista, han permitido a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desarrollar una economía que garantice el bienestar real de su pueblo. Contrariamente, hoy día urge el ingreso de la tan ansiada ayuda humanitaria, a fin de solventar las carencias de medicinas y alimentos que aquejan a buena parte de la población.
