El escándalo del Servicio Nacional de Menores de Chile (SENAME) ha cobrado giros casi dantescos en la política y la sociedad del país latinoamericano durante la última semana, donde cada día aparecen nuevos antecedentes que estremecen a la opinión pública. Entre el año 2005 y el 2016, bajo dos mandatos de la actual presidenta socialista Michelle Bachelet y uno del exmandatario de derecha Sebastián Piñera, se registró la escalofriante suma de 1.313 personas fallecidas, en su mayoría menores de edad y adolescentes.
Muertes cercanas al Servicio Nacional de Menores
Todas las muertes, se produjeron en instituciones pertenecientes o ligadas al Servicio Nacional de Menores, dependiente del Estado. Casos de asesinato y reiterados abusos sexuales dentro de hogares y centros reclusorios para menores en la más completa impunidad, han hecho explotar una bomba política a menos de 4 meses de las próximas elecciones presidenciales. Si bien años atrás UNICEF, tras un informe detallado, había puesto al tanto a las autoridades de lo que sucedía al interior de los centros y la Cámara de Diputados había elaborado un primer informe, un manto cubrió inicialmente el tema. El escándalo ha reventado la semana pasada, cuando el pleno de los representantes han rechazado el segundo informe, elaborado durante un año por la comisión parlamentaria "Sename II" para esclarecer la muerte masiva de más de un millar de menores.
El informe Sename II fue rechazado por la Cámara de Diputados cuyo texto, entre otras cosas, argumentaba una "negligencia inexcusable" por parte de la que fuera Ministra de Justicia, Javiera Blanco. Blanco ocupa actualmente una importante posición dentro del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Otro elemento clave en el rechazo a dicho informe fue la poca asistencia de legisladores que asistieron a la votación, entendido por diversas partes como una estrategia política.
El rechazo se produjo el pasado 4 de Julio por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones.
Tras los hechos, políticos de ambos sectores de la izquierda y la derecha chilena han comenzado un fuego cruzado, culpándose mutuamente de la instrumentalización política de las muertes masivas de cara a las elecciones del próximo 19 de noviembre.
Por su parte, el diputado René Saffirio (exmilitante del Partido Demócrata Cristiano PDC), señaló en un programa de televisión fuertes acusaciones a la maquinaria política de máxima gravedad para la democracia y los principios que rigen una economía política justa. La candidata a la presidencia del mismo partido, Carolina Goic, solicitó públicamente la inmediata creación de una comisión de los principales candidatos y partidos políticos chilenos para una investigación exclusiva para determinar responsabilidades, "caiga quien caiga", sentenció.
1.131 muertes para solo 23 autopsias
Al parecer, el Estado se transformó en la última década en un sistema de transferencias de recursos y corrupción que, pasando por sobre la vida de sus niños más desprotegidos, por la infancia abandonada y por la violación constante a los Derechos Humanos de todas sus víctimas (ratificada por chile ante la Organización de las Naciones Unidas), habría financiado un sistema de fundaciones que abusó de un sistema de protección de derechos, embolsándose una suma que saltaba de los 5 a 16 mil millones de pesos chilenos (casi 23 millones de euros).
La trama del Sename registra 1.131 muertes y tan solo 23 autopsias. Suicidios por ahorcamiento, homicidio, violaciones, asfixia y las más paralizantes aberraciones contra menores perpetradas por sus funcionarios. La muerte masiva de los niños del estado sugiere la mayor atrocidad cometido contra la población en el país, de forma masiva, si bien en contextos diferentes a la dictadura militar no menos estremecedora. En todo esto queda preguntarnos, simplemente, si acaso es legítimo un estado que permite, en las sombras de la corrupción y la impunidad, el asesinato y el abuso de sus niños. La Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF, que entre otras cosas, proclama que el Estado debe procurar el derecho a una vida segura y sana, al parecer ha caído ante un capítulo negro (muy negro) de la democracia chilena. Chile y sus ciudadanos, están simplemente en shock.
