El Parlamento ruso ha aprobado por 385 votos a favor y sólo 2 votos en contra y una abstención un proyecto de ley que permite pegar al cónyuge, a los hijos o a los padres en el hogar una vez al año. El proyecto establece que si esta violencia se produce dos veces o más sobre la misma persona, el agresor podría ser procesado por la vía penal en el período de un año. Quien produzca lesiones leves, como arañazos, tendrá que pagar una multa o ofrecer servicios a la comunidad y evitará la cárcel, que era la pena prevista hasta ahora por estos tipos de agresiones.
El proyecto, impulsado por la ultraconservadora Yelena Mizulina, tendrá que ser sometido en tercera votación y pasará después al Consejo de Federación, la cámara alta rusa. El borrador de ley llegó al parlamento ruso en verano, cuando se produjo un cambio en el Código Penal y se consideró delito criminal pegar a un miembro de la familia.
La propuesta ha causado controversia y múltiples protestas, especialmente por parte de grupos de mujeres y organizaciones que defienden los derechos de la mujer. Consideran que, de aprobarse, la ley sólo incrementará la violencia domestica y han recordado las 14.000 muertes anuales que causó la violencia de género en 2010, según datos publicados por Naciones Unidas.
De hecho, la polémica llega a tal punto que las autoridades rusas prohibieron una manifestación de mujeres en contra del proyecto de ley, visto el éxito que tuvieron las manifestaciones femeninas en EEUU después de la llegada al poder de Donald Trump.
Por su parte, los parlamentarios que han votado a favor del proyecto consideran que la ley protege el derecho de imponer autoridad y disciplina en el hogar por parte de los padres, y que aleja las instituciones de la vida privada y familiar.
A nivel internacional, organizaciones como Amnistia Internacional o Human Rights Watch han rechazado y condenado el proyecto de ley. También Thorbjorn Jagland, el secretario general del Consejo de Europa, ha enviado una carta a los parlamentarios lamentando el borrador y pidiendo esfuerzos para "reforzar el derecho de las familias a vivir sin violencia ni miedo".
Rusia forma parte de la Carta Social Europea, donde se obliga a los Estados miembros a proteger los menores de la violencia, pero no ha firmado la Convención de Estambul, que condena todo tipo de violencia en el ámbito familiar.
