La suma de 12 millones de euros fue impuesta como multa a España por el mal tratamiento de aguas residuales. Un tribunal de la UE ubicado en Luxemburgo, dictaminó la medida que obliga al país a abonar la cifra al presupuesto de la Unión Europea. El órgano encargado en hacerle frente a esta situación es el Ministerio para la Transición Ecológica, quienes escasearon todos los caminos y explicaciones en su defensa que pretendía evitar la amonestación. Aunado a eso, España deberá pagar una sanción coercitiva de 10.950.000 euros por cada seis meses de retraso perteneciente a una penalidad aplicada en el 2011.
Razones de la multa
la multa que tiene lugar por 17 localidades con deficiente depuración de las aguas residuales, incumple la norma europea de 1991 para las aguas. Dicha norma establece para localidades superiores a 15.000 residentes, una serie de especificaciones en cuanto a sistemas y plantas de tratamientos para el saneamiento de las aguas, con el fin de evitar o disminuir las cargas contaminantes que se vierten en los ríos o el mar.
Las mejoras en este ámbito debieron emplearse con anterioridad al 1 de diciembre del 2000. Pero España no lo hizo, por tal motivo, una demanda ante el Tribunal Europeo en contra del país fue presentada por la Comisión Europea. En el 2011 se condenó por el incumplimiento de esta medida, encontrando 43 localidades infractoras.
La Comisión ha concedido a España un plazo para el cumplimiento de las normas de saneamiento de guas residuales, extendiendo hasta julio 2013 la fecha tope. Pero, un proceso nuevo de sanción fue abierto una vez que se venció la prórroga otorgada, lo que llevó a Bruselas a presentar la situación de España ante el Tribunal de Luxemburgo.
Luego de corroborar que las mejoras no se habían hecho, la penalización implica a 17 poblaciones que continúan sin cumplir con la norma.
Localidades infractoras
Entre las localidades infractoras de la norma europea encontramos que Tenerife y Asturias albergan una zona cada uno, Valencia 3, Galicia 4 y Andalucía 8 lugares. Ningún municipio de Cataluña se encuentra en incumplimiento, ya que esta comunidad ha consumado esfuerzos para el saneamiento de sus aguas y sus habitantes pagan un canon de depuración desde hace algunos años.
Pese al trabajo que España a realizado para establecer mejoras en los sistemas de recolección de agua servidas y sus tratamientos, el Tribunal de Justicia sustenta que los años de incumplimiento generan una situación que se agrava. También consideran que, los problemas económicos y jurídicos que España usa como justificación al incumplimiento, no los deja absueltos de sus obligaciones. Por lo tanto, la aplicación de la multa constituye una medida que intenta evitar la reiteración de estas fallas a futuro.
