El Gobierno ha presentado las medidas para hacer frente al alquiler: aprobación de microcréditos al 0% de interés durante diez años y ayudas que llegarán hasta los 900 euros al mes para aquellos inquilinos que se encuentren con serios problemas para hacer frente al pago del alquiler.
El Gobierno ha aprobado el decreto de ayudas al alquiler, donde se incluye una distinción entre los pequeños propietarios (a los que se les garantiza la cuantía económica) y los grandes, que tendrán que hacer frente al 50% de la renta o llevar a cabo una reestructuración.
Estas medidas buscan proteger a los inquilinos que estén en riesgo de acabar en la calle por no pagar su alquiler
El Consejo de Ministros ha aprobado, esta semana, un decreto que incluye todas las medidas para ayudar a las personas que tienen un contrato de alquiler y que se han visto afectados por la crisis del COVID-19 a nivel económicamente.
Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, ha dejado claro que el Estado no va a dejar tirados a los arrendatarios y garantiza que nadie va a terminar en la calle por no poder pagar el alquiler por la crisis del Coronavirus.
Los inquilinos que estén en riesgo de situación que no puedan hacer frente a los préstamos a coste cero que se pondrá a disposición para cubrir el coste de la renta contarán con el apoyo final del dinero de las instituciones públicas.
Se calcula que cerca de medio millón de ciudadanos podrán beneficiarse de estas nuevas medidas.
Se han aprobado varias medidas principales
1. Suspensión de todos los desahucios por impago de la cuota de alquiler de hogares vulnerables sin opción habitacional (hasta cumplir seis meses del fin del actual Estado de Alarma).
2. Prórroga de manera extraordinaria de unos seis meses de todos los contratos de alquiler de vivienda habitual con las mismas condiciones, lo que significa que ningún arrendatario con un contrato en vigor puede sufrir una subida de alquiler a lo largo de los próximos seis meses.
3. Los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán beneficiarse de un microcrédito (sin comisiones ni intereses) y lo podrán devolver en un periodo de seis años. Si no han sido capaces de pagarlo, tendrán cuatro años más para hacerlo.
4. Las condiciones de acceso de arrendatarios a los distintos programas de microcrédito se amplían.
Será menos restrictiva a la hora de incluir casos en el grupo de “hogar vulnerable” (bono social, prórroga de hipotecas…). Se podrán acoger los parados, autónomos que no llegan al mínimo de tres veces el valor del IPREM (que aumenta según número de hijos o personas dependientes a cargo) y aquellos que han sufrido una reducción de jornada.
En el caso de los grandes tenedores (a partir de diez propiedades), gestores de viviendas públicas o fondos de inversión: será necesario un acuerdo entre ambas partes. Si no, habrá que hacer una quita del 50% de la cuota del alquiler a lo largo de cuatro meses, o realizar una reestructuración del importe durante un período de dos/ tres años. Si no, los inquilinos podrán solicitar un crédito ICO para hacer frente a la cuota.
Los hogares que no puedan hacer el pago de los microcréditos tendrán ayudas directas por parte del Estado para poder hacer frente a la deuda con la línea ICO. La cuantía mensual máxima del crédito será de 900 euros y hasta el 100% del préstamos, además de 200 euros para hacer frente a los gastos de suministros básicos, mantenimiento y comunidad.
