Hasta hace pocos meses, los políticos, tanto de la comunidad de Madrid como de Cataluña, no hacían más que dar titulares sobre dos nuevos complejos temáticos a construir, Barcelona World frente a Eurovegas, y Tarragona frente a Alcorcón. La polémica surgida por el segundo caso, donde se intentaron modificar leyes y planeamientos urbanísticos para que encajasen perfectamente en lo que pedía Sheldon Adelson, magnate de los juegos y multimillonario, hizo saltar todas las alarmas de la sociedad al hacer una jurisdicción a medida para ese espacio.

Finalmente esa inversión no se ha hecho realidad, aunque sí en el primer caso, idea de Enrique Bañuelos, la cual creará un complejo de hoteles y centros de ocio al lado de Port Aventura, para aprovechar el tirón tanto de este parque temático, como de los turistas que acuden a Barcelona así como a la costa mediterránea catalana.

Está por verse el proyecto de Wang Jianlin para Madrid.

Esto nos lleva a la aparición de un nuevo proyecto de construcción de un parque temático en Murcia, auspiciado por Jesús Samper, constructor imputado por #Corrupción urbanística. Lo peor de todo ello es la aportación por parte de las administraciones públicas (no europeas) de 16 millones de euros para su parcelación e infraestructuras básicas. No es que hayamos tenido una #Crisis inmobiliaria sin precedentes, desarrollada por el sector público entre otros, y hayamos tolerado casos de corrupción, sino que seguimos financiando las mismas prácticas.

Pero ¿tiene cabida otro parque temático en España? Únicamente dos parques tienen viabilidad futura según los expertos. A parte del ya consolidado Parque de Atracciones de Madrid, solamente Port Aventura cuenta con un volumen de visitantes e ingresos propicios para su sustenibilidad, mientras que Isla Mágica, Terra Mítica y Parque Warner hacen equilibrios por no cerrar.

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Por no hablar de otros proyectos como el fallido Gran Scala de Huesca. 

El anuncio de dicho nuevo parque temático, junto a la posible construcción en Valencia de otro dedicado a Ferrari, no hace más que acrecentar el miedo a una nueva burbuja inmobiliaria y a las prácticas corruptelas que todavía hoy sufrimos. Observar cómo se continúan dando ayudas públicas a empresarios imputados por corrupción urbanística mientras se recortan servicios básicos, es impensable en un país avanzado.