Una menor de Burgos ha intentado suicidarse después de que un sacerdote, llamado por sus padres, practicar con ella trece sesiones de exorcismo. El pleno siglo XXI la Iglesia católica sigue participando en estas supersticiones medievales e incluso el Código Canónico reconoce que este es un derecho que asiste a todos los fieles "poseídos" por el demonio y que debe practicarse por medio de sacerdotes "expertos", legítimamente nombrados para tal fin por el Obispo.
La niña, como tantas otras adolescentes de su edad, era la hija perfecta en el hogar hasta llegar a ese cambio hormonal que todo lo trastorna.
Obtenía, mientras era niña, buenas notas y era obediente. A partir de la adolescencia empezó a tener trastornos alimentarios y con los estudios. Esto llevó a lesiones y, según sus padres, a un intento de suicidio que se produjo en 2012. La relación era difícil, con insultos y discusiones cotidianas. Los padres intentaron al principio reconducir la situación por medio de la psiquiatría pero, al parecer, la ciencia fue inútil y todo seguía igual. Fue entonces cuando sus padres, en lugar de, por ejemplo, llamar al programa "Hermano mayor" que diariamente trata situaciones de violencia entre padres e hijos como mínimo igual de satánicas, empezaron a pensar que se trataba de "una posesión diabólica".
Acudieron al Arzobispado de Burgos, quien les envió al presunto experto, el sacerdote de Valladolid, Jesús Hernández Sahagún, quien entre abril y junio de este año practicó las trece sesiones de exorcismo con la menor. El sacerdote manifestó en una entrevista que efectivamente sí se trataba de fuerzas diabólicas las que consumían la voluntad de la joven y que tantas sesiones fueron necesarios porque "el diablo es muy resistente".
Al sacerdote le parecía normal que unos padres, que viven la angustia de la anorexia o intentos de suicidio piensen en demonios: "No es extraño ni anómalo que acudan a la Iglesia", manifestó.
Sin embargo, a los tíos maternos de la niña no les parece esto tan normal y hay una denuncia en la Policía por posibles delitos de violencia de género, lesiones y maltrato familiar. También está en marcha una petición de retirada de custodia que se lleva en los juzgados.
