Después de catorce meses de investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional con el apoyo del FBI y autoridades de Canadá, se detuvo al empresario y ex consejero de Intereconomía, el cual contrató a tres informáticos, ahora también detenidos, para realizar ataques cibernéticos a la página web de PR Noticias, haciendo que no estuviera operativa durante tres semanas, causándole un daño por unos 425.000 euros.

Las detenciones se realizaron entre Madrid y Tarragona y a los responsables se les acusa de un supuesto delito continuado de daños informáticos. El ataque realizado se le conoce como denegación de servicio distribuida (DDoS), el cual consiste en hacer que gran cantidad de ordenadores coincidan a través de un sistema informático, provocando la saturación de la web dejándola fuera de servicio.

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Los investigadores han descubierto la utilización de una "amplia estructura cibernética utilizada por los detenidos" para poder llevar a cabo los ataques esparcida por todo el mundo, lo cual dificultó utilizar alguna herramienta para detener los ataques y evitar así sus efectos a la vez que impedía que la policía localizara el origen de los mismos.

A través de las investigaciones que realizó la policía, se determinó que un empresario español podía ser el culpable de haber realizado los ciberataques. Se cree que supuestamente este hombre realizó pagos de manera alternativa a tres informáticos, con uno ellos mantenía una relación de gran confianza, además con amplios estudios y capacidades en el campo de la informática, lo que le facilitó el acceso a los ordenadores a nivel mundial para poder realizar la saturación del servidor de la web de PR Noticias, paralizando su actividad.

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En la detención los agentes han incautado tres tabletas, cinco discos duros, dos pen-drives USB, tres ordenadores portátiles y tres teléfonos móviles. Esta operación, que ha culminado con la detención de los cuatro involucrados en este hecho, ha sido realizada por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tarragona y los antes mencionados FBI y autoridades canadienses