Desde que la aplicación Airbnb invadiera la red con sus planes vacacionales, los reclamos del sector se han multiplicado de manera considerada. Desde planteos sobre la ilegalidad del servicio, hasta multas desorbitantes.
Lo cierto es que, la web de alquiler vacacional, solo actúa como intermediara y asegura no tener pisos de su propiedad. Algo así como los portales que ofrecen puestos de trabajo.
Las condiciones legales cambian según la Comunidad y la ciudad donde esté la propiedad que se alquile. Barcelona es quien con mayor fuerza persigue esta situación.
Las multas que ha impuesto por arrendar un piso para turistas sin la licencia que concede el Ayuntamiento oscila entre los 30. 000 y los 600.000 euros. También ha dispuesto sanciones económicas para los portales de Internet que faciliten estos servicios, por no constatar si la vivienda disponía de este permiso.
Debe sumarse la declaración de estos ingresos como actividad lucrativa, por parte de los arrendatarios. Situación que la gran mayoría de estos “pequeños emprendedores” evita realizar, convirtiéndose en un delito fiscal
